El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 por el Gobierno central, y ha rechazado el recurso interpuesto contra la norma por el Ejecutivo canario, que consideraba que el Estado se estaba extralimitando en el ejercicio de sus competencias.
En la sentencia, el alto tribunal entiende que la ley desarrolla y concreta la aplicación del mandato constitucional de estabilidad presupuestaria, contenido en el artículo 135 de la Constitución, artículo que, a su vez, es fruto del tratado por el que la mayoría de estados miembros de la Unión Europea (UE) se comprometieron a mantener sus administraciones en una situación de equilibrio o superávit presupuestarios.
El Gobierno de Canarias cree que el Estado vulnera las competencias de las comunidades
De esta forma, el tribunal avala, en contra del criterio del Gobierno de Canarias, el "uso de la coerción prevista en el artículo 155 de la Constitución", que establece que, cuando el incumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de una comunidad coloque al Estado "frente a una eventual responsabilidad ante las instituciones europeas", este puede enviar a expertos a dichas comunidades para que evalúen las medidas a adoptar.
Sobre este asunto, desde el Gobierno canario indicaron ayer que la sentencia es "contundente" en su aspecto central, dado que, consideraron, queda acreditado que el Estado vulnera las competencias de las comunidades autónomas y que esta ley supone una injerencia en su autonomía financiera como así defendía el Ejecutivo autonómico.
Además, el Gobierno regional resalta que cinco magistrados han emitido su voto particular en contra, dado que entienden que sí existe inconstitucionalidad en los artículos impugnados por Canarias.