El pleno del Parlamento de Canarias ratificó hoy su voluntad de impulsar la tramitación de las proposiciones de ley de cabildos y ayuntamientos para que puedan ser aprobadas antes de la disolución de la cámara autonómica en marzo de 2015.
Las dos propuestas legales han sido acordadas entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares y locales, y tramitadas en la Cámara como proposiciones de ley presentadas por los grupos nacionalista y socialista.
El grupo mixto fue crítico con los textos y se abstuvo en la toma en consideración de la proposición de ley de cabildos, pero apoyó la proposición de ley de ayuntamientos solamente porque es necesario adaptar la normativa con urgencia a la Ley estatal de corporaciones locales para que quede garantizada la prestación de los servicios sociales, según dijo el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
El PP votó a favor de las propuestas, aunque su diputado Emilio Moreno criticó el procedimiento legislativo atropellado y la falta de garantías financieras para las competencias delegadas y los servicios.
Señaló que deberían haber estado acompañadas de una reforma de la estructura autonómica "a la que se resisten CC y PP" porque no tienen ninguna voluntad de descentralizar.
Según Moreno, ambas leyes son iniciativas de última hora para justificar la inacción de los tres años anteriores de la legislatura, pero mostró la disposición de su grupo a dialogar para cambiar y mejorar las propuestas del Gobierno.
Los representantes de CC y PSOE defendieron que ambas propuestas están consensuadas con los cabildos y los ayuntamientos y las defendieron como una necesidad para adaptar las administraciones a la demanda ciudadana.
Las leyes de cabildos y ayuntamientos van a clarificar el sistema competencial entre los tres niveles administrativos, descentralizarán las competencias y evitarán duplicidades funcionales, a la vez que simplificarán la burocracia, adaptarán las administraciones a las nuevas tecnologías y las dotarán de transparencia, según CC y PSOE.
La fijación de la financiación de las competencias y servicios de cabildos y ayuntamientos se pospone en estas leyes hasta que esté definido el marco de financiación autonómica.
Las posibles fusiones o segregaciones de municipios sólo podrán realizarse por iniciativa de las propias administraciones locales.