Las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, recibirán de los presupuestos 2015 de la Comunidad Autónoma un dos por ciento más de lo recibido en el actual ejercicio por la Ley de Capitalidad, de forma que la capital grancanaria obtendrá 2.368.000 euros, mientras que Santa Cruz percibirá 2.000.070 euros.

Tanto Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, como José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, coincidieron en señalar al término de la reunión del Consejo de la Capitalidad, a la que asistió el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que la misma había sido "agridulce".

Cardona señaló que la reunión tuvo una parte positiva, el incremento en la partida de capitalidad en un dos por ciento, y una parte "tensa", ya que se mantiene la deuda que el ejecutivo regional tiene con ambos ayuntamientos por el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de las viviendas propiedad del Gobierno regional.

En el caso de la capital grancanaria la deuda asciende a 17 millones de euros, mientras que la deuda que se mantiene con la capital chicharrera es de 8 millones de euros.

"Rivero nos ha dicho que estudiará esa deuda y se verá la forma de saldarla, pero eso nos dijeron el año pasado y seguimos igual", subrayó Cardona.

Bermúdez, por su parte, indicó que siempre es de agradecer un incremento en el presupuesto pero lamentó que no se diera solución alguna a la deuda por el IBI.

"Además, planteé al Gobierno otros asuntos como la depuradora de Santa Cruz, la reforma del parque Viera y Clavijo y la terminación de la vía litoral", añadió.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, aclaró que la deuda del IBI del Gobierno regional con los dos ayuntamientos es debido a las viviendas sociales cuya titularidad la tiene el Ejecutivo regional y de las que se benefician ambas ciudades.

"Viviendas sociales que en muchos casos tienen alquileres de 7, 8 o 9 euros", subrayó.

González Ortiz dijo que se debería clarificar esa deuda "porque muchas de las viviendas sociales han sido transferidas a sus propietarios".

"Tienen que existir bonificaciones con las viviendas sociales, ya que no pueden pagar el mismo IBI que otros tipo de vivienda", añadió.