El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, salió ayer al paso de las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, en las que tilda la pregunta de la consulta sobre las prospecciones en aguas de Lanzarote y Fuerteventura de "confusa", afirmando que "contrapone sectores complementarios". También criticó la consulta el subsecretario de Energía, Enrique Hernández Bento, que anunció el jueves pasado que el Estado recurrirá la consulta al entender que la pregunta es "engañosa" y que traspasa el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma.

En una nota, Ríos señaló que la pregunta va dirigida a que los ciudadanos opinen "sobre la necesidad de adaptar nuestro modelo turístico y medio ambiental a las prospecciones: la introducción del petróleo ya supone un cambio de modelo, por lo que el Gobierno entiende que está perfectamente planteada".

Por otra parte, el BOC publicó ayer el decreto que convoca para el 23 de noviembre la consulta. Especifica que se realiza de acuerdo "con el marco constitucional, estatutario y legal". Podrán participar los residentes mayores de 16 años por medios electrónicos y de forma presencial desde las 10 a las 19 horas -por medios electrónicos será desde las 10 horas del día 19 de noviembre hasta las 19 horas del 23 de noviembre-. Las entidades ciudadanas, sea presencial o por medios electrónicos, responderán el día 26 de noviembre de las 10 a las 14 horas.

El texto recuerda que, de acuerdo a su Estatuto de Autonomía, Canarias tiene competencias exclusivas en, entre otras materias, las referidas a la ordenación del territorio y del litoral así como en materia turística y sobre el medio natural y entiende que está capacitada "para establecer medidas adicionales de protección del medio ambiente respecto a las establecidas por el Estado en industria y energía".

Señala que el Estatuto de Autonomía legitima a la comunidad a pulsar la opinión sobre si es necesario emprender o reorientar medidas frente a distintas circunstancias que pueden afectar a su modelo de desarrollo, como es el caso, apunta, de las actividades relacionadas con la investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.

Para el Gobierno de Canarias, esta consulta pone en la balanza, por un lado, el mantenimiento del actual modelo medioambiental y turístico y por otro su reorientación como consecuencia de los riesgos y beneficios derivados de una actividad, la relacionada con los hidrocarburos, cuyos efectos, agrega, inciden en los intereses generales y en sus competencias.

las claves

Ecologistas en Acción apoya la consulta, pero deja claro que la pregunta elegida es "muy confusa".

La Fecam admite de que aún no tiene "ni idea" de qué papel tendrán los ayuntamientos.

Intersindical Canaria aboga por celebrar la consulta al margen de lo que diga el TC.

CCN ve "ridícula" la pregunta y critica que "para hacerla, mejor callarse".

Sí se Puede admite que la pregunta es "bastante ambigua".

Nueva Canarias quiere que Mariano Rajoy se pronuncie sobre la consulta en el próximo pleno.

Izquierda Unida Canaria ve fundamental que la ciudadanía "se movilice".

ANC critica la pregunta al "no dar fe de los objetivos de las ONG antipetróleo".

El TS rechaza la nulidad contra los permisos de investigación

El Tribunal Supremo (TS) rechazó los incidentes de nulidad planteados por el Cabildo de Fuerteventura y Ecologistas en Acción contra las sentencias dictadas el pasado junio que desestimaron los recursos presentados contra el Real Decreto, de 16 de marzo de 2012, que otorgó permisos de investigación de hidrocarburos en Canarias, informó Europa Press.

La petición de nulidad ahora rechazada se refería sentencia que desestimó, el pasado 25 de junio, el recurso interpuesto por el Cabildo contra el decreto por el que se convalida el decreto que otorgó la serie de permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias-1" hasta el "Canarias-9". Por su parte, cinco días después la Sala desestimó también el recurso de los ecologistas.

Tanto la Corporación insular como la organización presentaron incidente de nulidad al considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que el TS no hubiese planteado cuestiones perjudiciales sobre la materia ante el Tribunal de Justicia de la UE antes de resolver.

Pero el TS observa que la sentencia incluyó los motivos por los que no entendió aplicable el sometimiento a la evaluación de impacto de las labores de investigación.