El Cabildo de Gran Canaria y el Colegio de Abogados de Las Palmas asesorarán a las familias de la isla que tengan problemas económicos y que estén afectadas por el impago de hipotecas.

Así lo pusieron este jueves de manifiesto el presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, la consejera de Transportes y Vivienda, María del Carmen Rosario, y el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, quienes firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los grancanarios acceder al asesoramiento e intermediación de los profesionales del Colegio.

De esta manera, se trata de la primera vez que una Institución pública logra firmar un acuerdo de estas características en la provincia.

"Es un convenio para poder prestar, desde la Corporación insular, un soporte económico a algo que es una demanda social importante. A su vez, ha sido un compromiso que hemos adoptado en el Pleno, que era prestar ayuda a personas para el tema de los desahucios y la intermediación hipotecaria", dijo Bravo de Laguna.

"SITUACIONES RESIDENCIALES PRECARIAS"

Por su parte, este convenio atiende al estado actual de situaciones residenciales precarias de familias incursas en la imposibilidad de hacer frente a las cargas hipotecarias de sus viviendas.

Aquí, el presidente del Cabildo y el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, entendieron que hay que ofrecer, como parte de la resolución de tales conflictos, una información y asesoramiento previo a la vez que una intermediación entre los afectados.

ASESORAMIENTO COMO SERVICIO DE INFORMACIÓN

Por su parte, el convenio firmado este jueves contempla el asesoramiento como un servicio de información dirigido a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta causa, en riesgo de perder su domicilio habitual.

Mientras, la intermediación, figura que también oferta este convenio, se entiende como un procedimiento que facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera.

La consejera de Transportes y Vivienda, María del Carmen Rosario, explicó que "tratamos de encontrar una solución ante una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta en los supuestos de rebeldía procesal, o habiendo ya un letrado designado, colaborar con el mismo al objeto de llegar a una transacción".

CANTIDAD MÁXIMA DE 60.000 EUROS

Con todo, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, dependiente del Cabildo, se comprometió con este convenio a aportar la cantidad máxima de 60.000 euros anuales, en concepto de subvención para el pago de honorarios a los profesionales que intervengan en las actuaciones contempladas en este acuerdo.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Las Palmas deberá prestar a los usuarios de este convenio "la asesoría jurídica necesaria, mediante la asignación de abogados en ejercicio, que contarán con la especialización necesaria para prestar el servicio de resolución de este tipo de conflictos".

Finalmente, en otro apartado se recoge que "el Colegio de Abogados presentará anualmente al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, una memoria de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de este acuerdo".