Tanto el Estado como el PP regional advirtieron ayer al Ejecutivo canario que el Gobierno central intervendrá en la consulta canaria si excede sus competencias. Por una parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó desde Marruecos que cualquier comunidad autónoma "está legitimada para, en el ámbito de sus competencias, poder conocer las consultas que le sean propias", por tanto, podrían consultar sobre aquellas materias que "entren dentro de su ámbito competencial".
"Si fuera algo relacionado con la competencia de la comunidad, absolutamente nada que decir, si no lo fuera, el Gobierno actuaría", advirtió. "Si no fuera así, lógicamente estaríamos ante una consulta ilegal, pero desconocemos si se va a llevar a cabo esa consulta y cuál es la pregunta".
Por otra parte, el secretario general del PP, Asier Antona, afirmó que si la consulta vulnera la legalidad, al Ejecutivo central no le quedará otro remedio que recurrirla. El Gobierno central debe velar para que se cumpla la legalidad, añadió Antona sobre las declaraciones de Soria.
Consideró que el Gobierno regional y su presidente, Paulino Rivero, se metieron en un "callejón sin salida" y aseguró que el "tiempo dará la razón" al PP.