La "reforma" fiscal que el PP canario anunció antes del verano será, al final, un "plan de choque" sobre el que no hay un estimado del impacto económico que tendrá en las cuentas regionales de 2015, de salir aprobado.

La portavoz del grupo popular, Australia Navarro, y el secretario general de Organización de la formación Asier Antona, ayer desgranaron la iniciativa que canalizaron a través de una PNL -en vez de una proposición de ley- para dar "agilidad" al debate de forma que pueda ser debatida en paralelo al borrador de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.

Entre otras medidas, los populares plantean una rebaja del IGIC en dos puntos -del 7% al 5%- para el tipo general, que grava al comercio-, así como de un punto -del 3% al 2%- en el tipo reducido, que grava la industria y el transporte, de manera que los dos queden como estaban antes de la subida fiscal de 2012. Además, abogan por mantener el tipo cero -para los productos básicos como medicinas y alimentos-, así como el tipo incrementado en el 9,5% y el 13,5% -para los productos de lujo-.

Además, piden restablecer la bonificación fiscal a los servicios de telefonía fija y móvil que había antes de la subida de 2012.

También proponen una rebaja "selectiva" del tramo autonómico del IRPF de carácter "progresivo y social" que consiste en disminuir en un punto el tramo más bajo -rentas hasta 17.707 euros anuales- hasta el 11%; de un punto también para las rentas medias-bajas (hasta 33.007 euros) para dejarlo en el 13%; del 0,5 puntos en el tramo medio-alto (hasta 53.407 euros anuales) para quedar en el 18%, y la congelación del tipo de las rentas alta (más de 53.407 euros) para dejarlo en el 22,58%.

También quieren bonificar en un 99,9% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y reducir del 6,5% al 6% el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Todas estas actuaciones, aseveró Navarro, servirán para impulsar la economía convencida de que "menos impuesto es más empleo". Al igual que Antona, defendió que su propuesta mejora la esbozada por el Gobierno -que subiría la presión fiscal al tramo de rentas superior a 100.000 euros anuales-. "No hay que subir impuestos, el Ejecutivo tiene margen para reducir la fiscalidad rebajando los gastos públicos", insistió.