El Convenio de Vivienda que firmaron este mes los gobiernos del Estado y Canarias por 53 millones de euros -42 a cuenta del Ejecutivo central y los otros 12, por la Administración autonómica- corre el riesgo de perder 28 millones porque la Comunidad autónoma no ha justificado esa cantidad de los planes sectoriales anteriores, explican fuentes del Ministerio de Fomento.

Desde ambas administraciones se insiste en que "nadie" quiere un enfrentamiento a cuenta de este asunto. De hecho, de lado y lado miden con mucho cuidado lo que dicen y lo que admiten sobre la situación, pero lo cierto es que el departamento que dirige Ana Pastor deja claro que el incumplimiento de la justificación de los fondos anteriores tendría como consecuencia su devolución al Estado si no se completa este trámite antes del 31 de diciembre de este año.

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Inés Rojas, ante la pregunta de si es cierto que la comunidad autónoma tiene sin justificar esa cifra de los fondos anteriores del Convenio de Vivienda, responde que su área trabaja en buena sintonía con el Estado y ratifica su intención de colaboración con el Ministerio de Fomento para zanjar este asunto.

Desde el Ejecutivo regional se rechaza, en todo caso, que los fondos estén sin justificar y explican que sobre el dinero empleado por los ayuntamientos (que son las administraciones que ejecutan los planes de vivienda y quienes deben rendir cuenta de su uso) ya se ha explicado su empleo "varias veces" ante la Administración estatal.

El Gobierno regional deja claro también que, al igual que el del Estado, funciona en este caso como un "mero gestor financiero" de los fondos porque no ejecuta los recursos con los que está dotado el convenio de forma directa. En todo caso, replica que no hay partidas sin justificar, sino que el Ministerio de Fomento cambió los criterios de justificación, lo que obliga a la Administración regional a volver a presentar parte de la documentación necesaria para dar por terminado el trámite.

El Estado, por su parte, admite el argumento a medias. De los planes antiguos, explican, Canarias tenía a principios de 2012 unos 72 millones de euros sin justificar.

El diseño del nuevo convenio -que se firmó al final con un año y medio de retraso a cuenta de todas estas incidencias- implicaba la necesidad de cerrar ese fleco porque el nuevo sistema ya no dejaría solapar, como venía pasando hasta entonces, las actuaciones previas con las nuevas.

"Había que asegurarse de que el dinero había llegado a los ciudadanos", remarcan desde la Administración central.

El Gobierno canario, admiten en Fomento, "sí envió los comprobantes" de las cantidades empleadas, pero algunos "no valían", por lo que no dan el dinero por justificado.

El Estado exigió que las cuentas estuvieran conformes con los nuevos requisitos actuales y quedó así un remanente, todavía pendiente, de 28 millones.

"Antes se adelantaban los fondos incluso si no estaban bien justificados o no se habían justificado en absoluto, pero ahora ya no se puede proceder así", insisten. El motivo, justifican, es que con el nuevo convenio hay que zanjar lo viejo para poder seguir aportando al nuevo plan.

Pese a ello, insisten desde el Estado, el Gobierno central "nunca" dejó de pagar las cantidades que debía a Canarias ni al resto de comunidades, muchas de las cuales se encontraban en la misma situación. "Lo importante ahora es gestionar los fondos, tal y como ya están haciendo otras regiones".

Los convenios anteriores, recuerdan ambas partes, se centraban en la construcción de nuevas viviendas, mientras que las nuevas actuaciones buscan potenciar tanto el alquiler social como la rehabilitación, "en línea con la nueva realidad social".