El Consejo de Gobierno acordó ayer remitir al Parlamento el informe sobre el primer año y medio de aplicación de la polémica Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Sin adelantar su contenido, el portavoz oficial, Martín Marrero, dejó claro que la valoración, en términos generales, es "positiva" y que los cambios, de producirse, serán "puntuales".
Tras desmentir que la norma prohiba la construcción de hoteles de cuatro estrellas en las Islas -aspecto que critican tanto la patronal turística como el Cabildo de Gran Canaria, que piden su modificación- y matizar que es posible su edificación siempre que esté vinculada a la renovación de la planta hotelera, Marrero señaló que el Gobierno "se congratula" de que la ley haya cumplido hasta ahora los objetivos establecidos según las conclusiones del informe, que califica su ejecución de "altamente satisfactoria".
"Se trata de una valoración exhaustiva y prolija sobre el desarrollo de la ley", insistió el portavoz ante la posibilidad de que se produzcan modificaciones a su texto, algo que, en todo caso, ocurriría en el marco de la apuesta por la renovación de la planta alojativa y del fomento del empleo y de la actividad relacionada con la construcción.