El Gobierno canario ha aprobado hoy un decreto que unifica el coste de los servicios de atención a la dependencia en todas las islas en función de la capacidad económica del usuario, de forma que, por ejemplo, las residencias pasarán a costar entre un 70 y un 90 % de la pensión.
La consejera de Política Social, Inés Rojas (CC), ha explicado en rueda de prensa que, de este modo, la comunidad autónoma no solo se adapta a la legislación básica en esta materia, sino que acaba con una "injusticia" que habían denunciado tanto el Diputado del Común como el Tribunal de Cuentas: la de que el mismo servicio costara distinto en función de la isla o, incluso, dentro de la misma isla.
Una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial, todas las residencias, centros de día y servicios de teleasistencia pertenecientes al Gobierno canario, otras administraciones públicas o entidades privadas que tenga convenios con la comunidad autónoma deberán adaptarse a un sistema común de precios, que se calcula a partir de la renta y el patrimonio del usuario.
Rojas ha subrayado que no se establece "un nuevo copago", sino que se regula el que existía para que sea el mismo en toda Canarias.
Además, en el caso de los centros de día, se dispone que este servicio será gratuito para aquellos usuarios cuya renta sea inferior al indicador público de renta de efectos múltiple (Iprem), que este año está fijado para toda España en 532,51 euros mensuales.
Inés Rojas ha explicado que una residencia tiene un coste medio de 1.500 mensuales, que el usuario no paga en su totalidad, sino en función de su renta, pero con escalas diferentes en función del centro del que se trate o de la isla donde se encuentre.
A partir de este decreto, el usuario de una residencia aportará como pago por los servicios de 24 horas que recibe y que cubren todas sus necesidades básicas entre el 70 % y el 90 % de su pensión.
En el caso de los centros de día, el coste real del servicio son 760 euros mensuales. Aquellos usuarios cuyos ingresos no lleguen al Iprem podrán disponer de ese servicio de forma gratuita, mientras que los demás pagarán una cantidad que parte de 64 euros mensuales (el mínimo) y se va incrementando en función de la renta.
El mismo sistema se establece para los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, que quedan vinculados a una escala de precios creciente en función de la capacidad del usuario.
Inés Rojas ha subrayado que, en ningún caso -ni en el servicio más costoso (la residencia)- se cobra al usuario el coste total ni se le priva del 100 % de su pensión y ha resaltado que, de hecho, pueden darse supuestos en los que algunas personas que hoy pagaban por un centro de día, dejen de hacerlo, y otras aporten menos de lo que lo hacían.