El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha advertido hoy de que se desconocen las consecuencias que para el mantenimiento de los servicios públicos tendrá la reforma fiscal del Gobierno central, que ha considerado de "electoralista".

El consejero, que compareció ante el pleno del Parlamento a petición del grupo Nacionalista, dijo que la reforma fiscal prometida por el Gobierno de España ha desembocado en una oportunidad perdida ya que se trata de una simple y selectiva bajada de impuestos "muy lejos de lo que se había anticipado y que demandan los ciudadanos".

En su opinión, se ha antepuesto el calendario electoral y se ha arrinconado una auténtica reforma necesaria para conseguir un modelo más eficiente, suficiente y equitativo.

González Ortiz ha criticado que por motivos electorales se haya pospuesto la reforma del sistema de financiación y que las autonomías no hayan sido consultadas en la rebaja tributaria "que tan directamente les atañe ni tampoco fueron escuchadas ante la negativa a reformar el modelo que sostiene la sanidad, la educación y los servicios sociales".

"Una muestra palpable de lo que le importa al Partido Popular el gasto social procedente de un sistema de financiación calificado por la mayoría de las comunidades autónomas como injusto y perverso y que a Canarias le supone una pérdida anual de 800 millones de euros" ha dicho el consejero canario.

González Ortiz ha insistido que no se conoce los efectos que la rebaja fiscal estatal de impuesto tendrá en las comunidades autónomas y ha puntualizado que las regiones están ante la necesidad de sostener los servicios públicos esenciales "con un sistema que ni es suficiente ni es equitativo para Canarias".

González Ortiz también ha reprochado al Gobierno central que reduzca de forma unilateral desde el uno por ciento al 0,7 el objetivo de déficit, lo que supondrá en 2015 unos 120 millones menos.

A su juicio, esta disminución hace recaer el peso del ajuste en las autonomías mientras el Estado sigue reservándose el mayor margen, "que ni así cumple, y demostrando con ello su nula capacidad y disposición a reducir su gasto estructural".

En un escenario en el que organismos internacionales cuestionan la reforma, el Gobierno central se lanza, según el consejero canario, a una rebaja tributaria "donde dispara con pólvora ajena ya que, sin competencias en la prestación de los servicios públicos esenciales, con su negativa a reformar el sistema de financiación y con objetivos de déficit discriminatorios para las autonomías, sólo ha considerado su interés electoral".

"Una rebaja de impuestos donde no le cuadran las cuentas a Bruselas ni tampoco al contribuyente ya que no revierte la presión fiscal existente antes de la llegada al gobierno del Partido Popular" ha añadido.

Ha explicado que la factura tributaria se reducirá en 9.000 millones tras incrementarla en 30.000 a través de las 41 ocasiones en las que ha subido con anterioridad la carga impositiva.

Ha aseverado que la sostenibilidad de esta rebaja impositiva y sus consecuencias para las arcas públicas están más que cuestionadas al no venir acompañada de decisiones que protejan los servicios esenciales.

González Ortiz ha afirmado que "todos queremos bajar impuestos" y por eso el Gobierno de Canarias va explorar todas las opciones posibles para disminuir la presión fiscal pero, ha dicho, a diferencia del Gobierno central, nunca a costa del sostenimiento de los servicios esenciales "que es la línea roja que nos hemos marcado y que nunca vamos a traspasar".

José Miguel Ruano, del grupo Nacionalista Canario, ha afirmado que la reforma fiscal conllevará una disminución de ingresos y a su vez se producirá una reducción de los gastos para poder cumplir los objetivos del déficit público.

Ruano ha señalado que informes internacionales avalan que España ha ganado productividad a base de bajar los sueldos y ha aseverado que lo preocupante es cómo la reforma fiscal afectará a la financiación de los servicios públicos.

El diputado nacionalista ha apuntado que comparte la desazón del Gobierno de Canarias a la hora de cuadrar gastos con ingresos y ha señalado al PP que cuando este partido critica el funcionamiento de determinados servicios esenciales en Canarias, los ciudadanos deben saber que desde 2009 Canarias cuenta con 500 millones menos para sanidad.

Jorge Rodríguez, del grupo Popular, dijo que cada vez que se anuncia una reducción de ingresos, el Gobierno canario y los grupos que lo apoyan se parapetan en el mantenimiento de los servicios esenciales cuando es el Ejecutivo regional el responsable de que Canarias sea la campeona en las listas de espera o de fracaso escolar.

Rodríguez ha dicho que la reforma fiscal beneficia al 97 por ciento de los contribuyentes y la rebaja de impuestos es fundamental para la mejora de la competitividad y las rentas.

Además el diputado popular ha pedido al Gobierno de Canarias que no utilice la rebaja fiscal del Gobierno del PP para aumentar los impuestos en Canarias.

Román Rodríguez, del grupo Mixto, ha dicho que el "maquillaje fiscal" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, supondrá unos 9.000 millones menos de ingresos en dos años y ha expresado su preocupación por la repercusión que ello tendrán en la "ya maltratada" financiación de Canarias.

Manuel Marcos Pérez, del grupo Socialista, ha dicho que la política errática y electoralista del Gobierno de España en materia de financiación está comprometiendo la financiación de servicios esenciales.