El presidente del Cabildo de La Gomera, el socialista Casimiro Curbelo, declaró ayer en el juzgado de instrucción de la Isla sobre la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Judicial respecto al aumento de su patrimonio desde 1998. Un incremento que, según dicha investigación, alcanza cinco partes de sus bienes inmuebles en esa fecha inicial, con operaciones poco claras o, cuanto menos, sospechosas, según expresiones incluidas en los propios informes aportados a las diligencias previas 490/2010.
Su declaración se prolongó desde las 10 a las 15:00 horas. Según señaló a EL DÍA tras salir del juzgado, resultó "completa y clarificadora. Me siento tranquilo y completamente satisfecho, puesto que, después de siete años hablando de mí, hoy (por ayer), por fin, lo he podido hacer yo y lo he hecho en el lugar que corresponde". Curbelo insiste en que, en este tiempo, ha guardado silencio "padeciendo lo que se ha hablado en los medios, en los que cada uno ha dicho lo que ha querido, pero hoy he empezado por fin a desmontar las mentiras de un gomero llamado Antonio Pérez y de los suyos". Eso sí, aclaró que, sobre estas personas, no quiere profundizar "aún, ya que todavía no es el momento".
Ante la juez y en declaraciones a este periódico, remarcó que siempre defendió su "limpieza y la legalidad de mi patrimonio, del que solamente se analizaba desde 1998, y no sobre décadas anteriores, cuando ya contaba con propiedades procedentes de adquisiciones o de mi propia familia. Respondí a todas y cada una de las preguntas con la serenidad que me da saber que no tengo nada que ocultar, aportando los datos y concretando los detalles que pudieran originar algún tipo de duda". Según sus sensaciones, "el interrogatorio transcurrió muy bien y fluido, aunque un poco largo porque son muchas las partes que intervienen en el proceso.
La conclusión de la acusación particular, la emprendida por Pedro Medina (CCN), difiere bastante de la del presidente y recalca que, de momento, la juez lo ha mantenido como imputado. Para el abogado de esta parte, José Luis Langa, Curbelo no ha desmontado, "en ningún momento", los indicios de delitos que penden sobre él y, por eso, solicitó ayer mismo nuevas diligencias. Esta declaración se fijó hace ya más de un año y algunas partes del proceso dudaban, incluso, de que se produjera o que hubiera una sorpresa de última hora. De hecho, se ha cambiado dos veces de juez y el último retraso se debió a que un abogado defensor tenía otra causa supuestamente más importante con una persona encarcelada.
En esta causa, que surge tras una denuncia del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, están imputadas otras cinco personas. La citación de ayer fue decretada por la jueza Blanca María Suárez González. El informe de la Guardia Civil fue solicitado por el juzgado de instrucción de La Gomera y se emitió en 2012. Entre sus conclusiones, destaca que el exsenador y presidente insular desde hace 23 años ha quintuplicado su patrimonio inmobiliario desde 1998, acumulando hasta 2,1 millones de euros con operaciones en ocasiones "atípicas". Entre ellas, sobresale la permuta con un empresario que le reportó 889.000 euros casi sin coste para el presidente.
En 1998, y según la Unidad de Delitos Urbanísticos, Curbelo poseía una vivienda, un local comercial, tres garajes, un trastero y una participación de una séptima parte, por herencia, sobre cuatro fincas en la zona conocida como Lameros del Barranco, en la capital gomera. En 2012, la Guardia Civil le atribuye la propiedad, a su nombre o en bienes escriturados por familiares, pero que se consideran controlados por él, de 7 viviendas en La Gomera, La Laguna y Villanueva de La Cañada (Madrid), 9 garajes y 4 locales comerciales. A esas propiedades se unen 12.999 participaciones, valoradas entonces en 485.394 euros, en Lameros del Barranco SL, una sociedad mercantil propietaria de unos terrenos urbanizables pertenecientes al plan parcial del mismo nombre, también en la capital de la Isla.
La Guardia civil también sospecha de ingresos "no justificados" a través de ingresos bancarios en efectivo por 96.450 euros.
Supuesta compra de una finca por 200 euros a cada heredero
Entre los informes de la Guardia Civil destaca uno de la compra de una finca de Vallehermoso. Esta propiedad está a nombre de una de las hijas de Curbelo desde 2004. Los investigadores contactaron en 2013 con Alonso Vera Vera, una persona de 90 años que en ese momento vivía en Tamargada, el mismo lugar en el que se ubica la citada finca comprada. Vera, copropietario de la finca hasta esa venta, les explicó que el terreno (ubicado en Tamargada, justamente en Mazapeces) le pertenecía a él y sus hermanos, pues lo habían heredado de sus padres. La venta la contextualizó por la enfermedad que padecía una de sus nietas (Ana Vera Trejo, de 24 años entonces), que vivía en Venezuela con su padre (hijo de Alonso Vera) y que padecía una enfermedad de "distonía muscular" que no podía tratarse en ese país y tampoco en EEUU, aunque sí lo logró en un tercer país que no recordaba. Alonso Vera indicó que todos sus ahorros los envió a su nieta para que fuera operada y que también remitió los escasos 200 euros que recibió por la compra de su finca a nombre de la hija de Curbelo. Unos 200 euros que también percibieron sus hermanos al ser una herencia igualitaria. Durante la declaración de ayer, se apuntó que la compra de la finca ascendió al final a unos 2.000 euros, según señalaron a EL DÍA fuentes de la acusación.
La investigación, además, remite a una empresa (Inversiones Galga) creada en el 82 de la calle Ferraz de Madrid (muy cerca de la sede nacional del PSOE) de la que, en principio, son socios el alcalde de Alajeró, el también socialista Manuel Ramón Plasencia, Curbelo y un conocido empresario constructor con muchos contratos en ese municipio, Urbano Herrera. Los informes aluden a una gasolinera creada en dirección al aeropuerto, en Playa de Santiago, y a otras compras y ventas de inmuebles supuestamente sospechosas, que sí han salido hasta ahora en diversos medios, si bien otras no.