Transparencia Internacional España publicó este mes su informe bianual relativo a la situación de los gobiernos autonómicos. Aunque el índice que obtuvo el Ejecutivo regional esta vez (80) es mejor con diferencia al que recibió los años anteriores (66,3 en 2010 y 63,8 en 2012), la comunidad autónoma sigue a la cola del país y bajó otro peldaño en el ranquin nacional (ahora está en el 15; en 2012 ocupaba el 14, y en 2010, el 12).

El informe Canarias20, que CC encargó a las universidades públicas regionales, da fe de que, en efecto, aún hay margen de mejora en lo que a la transparencia de la Administración canaria se refiere.

En concreto, sostiene que con carácter general, resulta "verdaderamente difícil" para el administrado conocer el estado exacto de tramitación de los expedientes en los que tiene interés o las razones por las que se demora.

La situación, sostiene, contribuye "significativamente" a la generación de una "mala" imagen e, incluso, de "mitos acerca de la ineficacia de la Administración". Añade que, "evidentemente", esta no es una situación que favorezca o incentive la inversión y la actividad económica, que es una de las mayores preocupaciones que afirma tener el propio Ejecutivo regional.

En todo caso, el director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias, Teófilo González, matizó el mismo día en que se conoció el resultado del estudio de Transparencia Internacional que el aumento de la puntuación de esta edición se debió a la "predisposición" del Ejecutivo por elaborar su propia ley de Transparencia y la apertura de su propio portal web (www.gobiernodecanarias.org/transparencia), pero que el sitio todavía está en construcción. Eso sí, González confía en que en el próximo informe sobre transparencia, Canarias obtendrá un índice "muy próximo" al 100 (el máximo posible).

Menos optimista es el informe de las universidades, que deja claro que "no basta" con hacer la Administración -y sus procesos- más eficientes. "Es necesario también mejorar su transparencia, trazabilidad y credibilidad. Es preciso que lo parezcan", insiste.

Los autores del estudio dejan claro que la transparencia es un factor clave para promover la iniciativa inversora y empresarial. El motivo es que su percepción sobre los tiempos y la eficiencia con la que se tramitarán los procedimientos administrativos relacionados con sus proyectos "no debe ser negativa".

"Hasta que las mejoras que las administraciones están implementando no sean percibidas por sus destinatarios últimos, no cambiarán en exceso las cosas" remarca el análisis, que se muestra de esta manera mucho más cauto que la propia Administración sobre los efectos de las medidas en curso en esta materia.

En todo caso, el documento advierte de que el debate se centra en Canarias más en la actividad de los políticos que en la necesidad de la transparencia y trazabilidad de los procesos administrativos, aspectos que trasmitirían confianza al ciudadano y al inversor -y que considera que deberían ser prioritarios en la agenda política del Gobierno-, si bien reconoce que la ley autonómica de transparencia sí incide en dichos procesos.