Es difícil arrancar a los dirigentes de los colegios profesionales de Canarias un solo juicio positivo sobre la ley que prepara el Gobierno central para regular estas organizaciones. El anteproyecto ha suscitado una amplia y frontal oposición y la alarma es tal que muchos temen por la misma supervivencia de algunos colegios o, en el mejor de los casos, por un grave deterioro de la calidad de los servicios que prestan.

La reducción del grupo de profesiones de colegiación obligatoria y, dentro de estas, la exceptuación de algunos colectivos son algunos contenidos de la iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad que más rechazo han creado, aunque tampoco se quedan atrás la limitación del importe de las cuotas a 240 euros anuales, la eliminación de la cuota de inscripción o la posibilidad de inscribirse en cualquier colegio del país y no necesariamente en el del territorio donde resida el domicilio profesional.

"Es una ley intervencionista, muy propia de este gobierno", sentencia el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Medina, quien ve en la norma un intento de eliminar estas organizaciones. Los límites en el importe de las cuotas "carecen de cualquier tipo de justificación y lógica" y representan "un serio peligro para la supervivencia de los colegios más pequeños", alerta Medina, quien matiza que este último no es el caso del de Tenerife, pero sí el de otros, como el de Lanzarote, que está pagando la hipoteca de su sede.

El argumento de que el techo a los pagos puede beneficiar a los profesionales más jóvenes le parece "demagógico" a Medina, quien advierte de que los beneficiados serán, finalmente, "los más consolidados, que no necesitan de las instituciones colegiales".

Las reformas que prevé la ley pueden hacer que se pierda la labor de "control deontológico" que desarrollan los colegios, mientras que la "desterritorialización" también comporta desventajas: "Alguien puede pedir un abogado de oficio en Tenerife y que se lo den de La Coruña", expone Medina a modo de ejemplo.

Los letrados más jóvenes también aprecian riesgos en el proyecto. Gregorio Alayón, de Jóvenes Abogados en Movimiento (JAM), cree que es "seguro" que los colegios más pequeños se verán afectados. "Establecer una cantidad fija máxima para las cuotas es un poco complicado", apunta Alayón, quien, además, precisa que la norma recoge que se podrá superar esta cantidad si lo decide por mayoría cualificada la asamblea colegial. "Hecha la ley, hecha la trampa", comenta.

Los ingenieros industriales no son menos contundentes. El decano del colegio provincial, Juan Linares, sostiene que, en lugar de generar actividad económica, la liberalización que impulsa el Ministerio derivará en "un absoluto caos". "Los colegios orientan a los ciudadanos hacia los profesionales y ejercen una labor de control de la calidad que el Gobierno no valora en lo más mínimo y y que ahora se pretende cargar", argumenta Linares.

El efecto de las medidas será, alerta el decano de los ingenieros industriales, "la desaparición de colegios y la merma de la calidad de los trabajos". "Habrá cada vez más proyectos defectuosos, que derivarán en accidentes, quejas, juicios y más colapso en los tribunales", vaticina.

Pese a que el texto contiene "algunas cosas buenas", en general es merecedor de "un rechazo frontal". Así opina el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín. "Quieren convertir los colegios en simples organismos de registro de profesionales", asegura.

Incluso los aspectos positivos, como la potenciación de las comisiones deontológicas, se quedan en nada por la falta de financiación. Lo mismo ocurrirá, augura Martín, con la labor social y de formación que presta el colegio. "Las comunidades autónomas no dan un euro para formación médica", recuerda.