La reforma de la ley reguladora de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en la que actualmente está trabajando la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias elimina del texto legal la posibilidad de la renovación automática de la ayuda en los casos que así se considerara oportuno, tal y como se venía realizando desde 2007.
Así, en el artículo 16 se establece que la PCI solamente podrá ser solicitada de nuevo "una vez transcurridos 12 meses desde el último mes de percepción".
Esta nueva disposición contrasta con la práctica actual, en la que los beneficiarios a los que se les reconoce el derecho a esta ayuda pueden renovarla o prorrogarla cuando las circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda no hayan variado o no haya desaparecido la situación de exclusión social.
De esta manera la ayuda económica de subsistencia se renovaba por seis meses de forma sucesiva hasta alcanzar los 24 meses.
Además, el Gobierno también ha incluido una disposición adicional única en la que se fija que "la concesión de las prestaciones que se efectúen con arreglo a la presente ley, así como las de modificación de las ya reconocidas, quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario del que se trate, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria".
Para los grupos de la oposición estas dos novedades vienen a confirmar el endurecimiento del acceso a este tipo de ayuda.
"Es un disparate que se elimine la renovación directa. Cuando se agoten los doce meses a estas personas se les obliga a ahondar en la espiral de la exclusión y la pobreza", considera la portavoz del Partido Popular en materia de Servicios Sociales en el Parlamento de Canarias, Milagros Bethencourt, para la que "son tantos los desaciertos de la nueva ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales".
Desde Nueva Canarias, para la también diputada Carmen Rosa Hernández es "poco razonable" que se elimine la prórroga automática de la prestación y se exija que transcurra un año para poder solicitar de nuevo la ayuda", por que a su juicio, "en doce meses no se logra mejorar la situación de pobreza y exclusión social".
Hernández también se mostró crítica con el endurecimiento de los requisitos de acceso, afirmando que "todo hace pensar que el Gobierno quiere seguir ahorrando a costa también de las personas más afectadas por la crisis".