El temor de que un recurso del Gobierno central a la Ley Canaria de Vivienda pueda frenar el proyecto de expropiar temporalmente el uso de las casas vacías en poder de los bancos para ponerlas en alquiler social ha obligado al Ejecutivo regional a buscar una "alternativa": la firma de acuerdos con las entidades bancarias para que estas accedan a ceder durante un tiempo parte de su parque inmobiliario para evitar los desahucios de las familias que ocupan las casas.
"En el propio marco de la modificación de la ley, ya iniciamos conversaciones con las entidades bancarias en cuanto a la vivienda, para primero, explicarles lo que el Gobierno pretendía con el nuevo cuerpo legal y también estudiando otras posibilidades como la de llegar a acuerdos, vía convenios, para dinamizar el parque de viviendas vacías"", explicó ayer ante el pleno del Parlamento la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas.
Esta colaboración, añadió Inés Rojas, "sería una alternativa si se confirma la posibilidad de que el Partido Popular boicotee la ley de vivienda -aprobada "democráticamente" en el Parlamento el pasado 11 de junio-, vía Tribunal Supremo y éste tome medidas cautelares suspendiéndola, como ya ha hecho en otras comunidades autónomas"
Entre las opciones que se han barajado, "se está ultimando un convenio de colaboración entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y la empresa pública Visocan, especializada en la gestión de vivienda, y las entidades financieras". En esta colaboración, los bancos aportarían un fondo de viviendas vacías de su propiedad en toda Canarias y la Fecam sería la encargada de detectar a las familias solicitantes en cada uno de sus municipios.
Por su parte, Visocan se encargaría de ajustar las necesidades de las familias a las particulares condiciones de las viviendas y de supervisar que estas presentes las adecuadas condiciones de habitabilidad.
El fondo de viviendas que aportaran las entidades serían destinadas a familias que hubieran perdido su vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio o estén incursas en un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio que implique su inminente lanzamiento.
También se atenderían otras circunstancias derivadas de la actual crisis económica, como que las familias que se encuentren en una precaria situación económica y social que les impida el acceso a una vivienda. En ambos casos se suscribiría un contrato de arrendamiento con rentas adaptadas a los ingresos familiares.
Rojas se refirió, asimismo, a la posibilidad de que se pueda ampliar a los solicitantes en el registro de demandantes de viviendas sociales en alquiler y no exclusivamente a las familias en procesos de desahucio.
En cuanto a la renta sería, como máximo, de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y las familias nunca pagarían más del 12% de sus ingresos netos.