El Gobierno regional tendrá que modificar el Catálogo Canario de Especies Protegidas por segunda vez en este año. Si la primera lo hizo obligado por la Comisión Europea, que le había hecho notar que 19 especies contaban con una protección inferior a la recogida en la directiva comunitaria de Hábitats, en esta ocasión habrá de rectificar el listado como consecuencia de la advertencia del Ministerio de Medio Ambiente.
El consejero de Sostenibilidad y vicepresidente del Ejecutivo canario, José Miguel Pérez, reconoció ayer en el pleno del Parlamento que, después de que un acuerdo bilateral con el Estado alejara la amenaza de que este recurriera el catálogo autonómico, el Ministerio ha variado su postura y ha "recordado" a Canarias que debe cambiarlo para "adaptarse a la normativa española y dotarla de mayor flexibilidad".
Pérez aclaró que "no habrá nueva ley". Solo se cambiarán algunos artículos que "tropiezan" con la ley estatal. Es el caso de una figura de protección que solo aparece como tal en el catálogo canario cuando se encuentra en espacios protegidos. El Ministerio ha comunicado que estas especies deben disponer del mismo nivel estén donde estén. Además, el catálogo será más flexible, de forma que los criterios de evaluación -que establecen si una especie debe o no estar en la lista- se determinen sin necesidad de una ley.
Por su parte, el diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, solicitante de la comparecencia, criticó el "ambientalismo a la carta" del Gobierno e instó a Pérez a retirar el artículo de la ley que permite rebajar la protección de las "especies de interés para los ecosistemas canarios" si se encuentran en una zona donde se proyecta una obra de interés general, caso de la seba en la zona donde se construirá el puerto de Granadilla.