Los trabajadores de la empresa que presta el servicio de limpieza en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria mantendrán el próximo lunes una concentración de protesta después de que la dirección del centro les haya comunicado que no pueden seguir utilizando los aparcamientos del recinto.
De esta manera, los operarios de Clece -que así se llama la entidad- serán los primeros en manifestar su rechazo a las instrucciones del Gobierno regional que restringen el acceso de las empresas subcontratadas y sus trabajadores a determinados servicios. Esta normativa viene impuesta, a su vez, por el Ejecutivo central, y se orienta a evitar "el reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa contratista respecto del ente u organismo contratante", es decir, la Administración pública.
Las instrucciones recogen la obligación de especificar al detalle las tareas que debe desempeñar la plantilla de la entidad contratada o de realizar preferentemente la actividad en sus propias instalaciones, así como la de cumplir con sus compromisos salariales y de pago a la Seguridad Social, entre otros aspectos.
Además, aclara que el personal de estas empresas no podrá acceder a cursos de formación de la Administración -salvo los obligatorios-, a los reconocimientos médicos que esta ofrezca, al uso de gimnasios o guardería, a los comedores o cafeterías destinados a los trabajadores públicos, al correo electrónico o intranet corporativo o, precisamente, a las zonas de estacionamiento reservadas para los empleados del ente contratante.
El presidente del comité de empresa de Clece, Manuel Reyes (CCOO), entiende que estas medidas constituyen una merma de derechos para los 210 trabajadores encargados de la limpieza en La Candelaria, que llevan años beneficiándose de estos servicios. Aunque por ahora solo se les ha impedido el uso de los aparcamientos, Reyes sospecha que pronto se aplicarán otras restricciones, que suponen, a su juicio, una "discriminación clasista" entre unos y otros trabajadores.