El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley que regula jurídicamente la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en las políticas que afecten a sus intereses económicos y sociales.

Esta norma, promovida por los grupos socialista y nacionalista en cumplimiento de los cuartos acuerdos de concertación social, suscritos hace diez años, refuerza jurídicamente la concertación social, según expusieron Gloria Gutiérrez y José Miguel Barragán en nombre de los partidos proponentes.

La norma regula los cauces de consulta y participación previa de empresarios y sindicatos en las políticas del Gobierno de Canarias relacionadas con el trabajo, el empleo, las empresas de economía social, la prevención de riesgos laborales, el trabajo de los inmigrantes, la formación profesional y cualquier otra política laboral o social.

La norma establece órganos colegiados para analizar las políticas sociales y económicas y para que los agentes sociales hagan llegar sus propuestas y opiniones al ejecutivo.

Con esta norma, se eleva el diálogo social a una norma legal de obligado cumplimiento, subrayó Gloria Gutiérrez, para quien la participación de los interlocutores sociales es más necesaria que nunca en un momento de crisis.

José Miguel Barragán dijo que se pretende reforzar y desarrollar los procesos de consulta previa sobre políticas laborales y económicas.

La diputada del PP Aurora del Rosario consideró una necesidad esta ley para vertebrar la concertación social, pero lamentó que desde 2005 esté pendiente de aprobación.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, apoyó la iniciativa y consideró fundamental y muy positivo institucionalizar el diálogo social.