Los solicitantes de becas y ayudas al estudio, en cuyas familias, los sustentadores de las mismas no trabajan o reciben una pensión no contributiva, ven rechazadas sus peticiones al Ministerio de Educación precisamente por no contar con datos fiscales. Así, “las familias que padecen las situaciones económicas más precarias y que son las más necesitadas, ven cómo sus hijos e hijas son automática e injustamente excluidos de cualquier tipo de ayuda para cursar sus estudios, poniendo en riesgo su continuidad en el sistema educativo”, manifestó la viceconsejera de Educación y Universidades, Manuela Armas.
Según el actual régimen de becas y ayudas al estudio, los peticionarios de las mismas no aportan datos fiscales, sino la identificación de los sustentadores de la unidad familiar. El Ministerio de Educación cruza esta información con la Agencia Tributaria y se determinan así los niveles de renta y el umbral respecto al cual se puede percibir la beca. Este sistema perjudica a las personas que no trabajan o reciben una pensión no contributiva, ya que, al no tener retenciones del IRPF a su nombre, no tienen datos en la Agencia Tributaria.
También afectados por este modelo de gestión son los que reciben en un mismo año fondos de dos pagadores (por ejemplo, prestación por desempleo y ayuda de un ayuntamiento o un mes de empleo y otro mes de paro). Igualmente se les deniega, inicialmente, la beca.
En el caso de Canarias,