El Gobierno de Canarias acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al entender que invade competencias exclusivas contenidas en el Estatuto de Autonomía. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, indicó en rueda de prensa que el objetivo que persigue el Gobierno de España con esta ley es "modificar el modelo de Estado reduciendo el papel de los ayuntamientos, sobrecargando a las comunidades autónomas con competencias municipales y propiciando la privatización de servicios en beneficio de empresas privadas y perjuicio de la ciudadanía". "Por ello, el Gobierno insta al Tribunal Constitucional con este recurso la depuración de los preceptos de la Ley que menoscaban la autonomía local, garantizada constitucionalmente, así como aquéllos que invaden competencias de Canarias", precisó.
