La Plataforma por la regulación del alquiler vacacional ha recogida más de 4.500 firmas de apoyo a través de la iniciativa digital ''change.org'' con el fin de pedir al Gobierno de Canarias que deje de sancionar a los propietarios y ordene esta modalidad de alojamiento.
Según la presidenta del colectivo e impulsora de la propuesta, Doris Borrego, el alquiler vacacional existe en Canarias desde hace más de 30 años, y en el archipiélago hay 52.000 familias involucradas en este subsector a quienes el Gobierno de Canarias sanciona con multas de entre 18.000 y 60.000 euros.
"En 2013 hasta 1.300.000 turistas optaron por esta modalidad en Canarias, lo que generó aproximadamente 1.000 millones de euros en las islas, ya que el 100% es para los canarios y se queda en Canarias. Estas personas alquilan coches, comen en bares y restaurantes y compran en nuestras tiendas. No somos intrusos, sólo otra opción más, y tampoco somos competencia para los hoteleros", explica.
La plataforma se reunió recientemente con la directora general de Ordenación y Promoción Turística, Rita Hernández, y ha solicitado un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.