La Plataforma en defensa del Alquiler Vacacional calcula que unas 53.000 familias se verán "en la clandestinidad" en Canarias si el Gobierno regional continúa sin regularizar esta actividad y aseguran que la situación margina a las empresas locales y beneficia a las extranjeras, que seguirán con el negocio desde sus países.

La portavoz de la Plataforma, Doris Borrego, explica que, ante la falta de regulación del Gobierno canario, "muchos de los intermediarios de estos alojamientos están trasladando sus domicilios fiscales al extranjero para tener menos accesibilidad a las autoridades canarias".

Borrego va más allá y asegura que "los propietarios extranjeros están tramitando los alquileres desde sus países de origen" e, incluso, el Gobierno británico ha abierto una oficina en Londres donde "los propietarios con inmuebles en España tienen que tributar por estos alquileres desde su país de origen".

Este es el panorama que dibujan desde la Plataforma después de que el Gobierno central aprobara la ley 4/2013 en la que se contempla que este tipo de alquiler, hasta junio del año pasado regido por la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), pasa a ser regulado por las comunidades autónomas.

En su defecto, se seguirá aplicando el régimen de arrendamiento de temporada, que sí está amparada por la Ley de Arrendamiento Urbano tal y como se hacía hasta el momento.

En Canarias, la ley turística de 1995 no contempla este tipo de alquiler, lo que crea "un limbo jurídico", apunta Borrego, que recuerda que la anterior normativa, de 1982, sí contemplaba esta modalidad.

La portavoz de la Plataforma cree que se está marginando a una modalidad que ocupa el 10 por ciento del turismo en Canarias.

Los datos de 2012 cifran en torno a 119.000 los turistas que eligieron en las islas esta modalidad, cuyo volumen de negocio ronda los 1.000 millones de euros, con un crecimiento esperado para este año del 14 por ciento.

Además, desde la Plataforma recuerdan un estudio de la consultora turística Magma, donde se señala que en 2010 el impacto en las islas de las viviendas de alquiler vacacional alcanzó un 33,10 por ciento del total del producto interior bruto (PIB) turístico y el 34,2 por ciento del empleo.

Borrego denuncia que muchas de las familias arrendadoras en las islas viven "un drama" y con la espada de Damocles a sus espaldas, ya que se debaten entre "no dar de comer a sus hijos o continuar alquilando y jugártela a ser multado".

Hasta el momento, se han ejecutado unas 7.5000 multas en Canarias de las que gran parte se han recurrido, aunque "hay familias que han perdido sus viviendas al tener que enfrentarse a unas multas entre 18.000 y 60.000 euros", añaden desde la Plataforma en defensa del alquiler turístico.

También denuncian que, hasta el momento, "no se multa por carecer de licencia, ya que tanto la directiva Bolkenstein como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifican que no se puede exigir licencia por el alquiler de estas viviendas", sino por infracciones como "no tener libro de visitas o hojas de reclamaciones".

Los defensores del alquiler turístico cuentan con el apoyo de los turoperadores y la oposición de los hoteleros, que los tachan de "competencia desleal", aunque Borrego precisa "en ningún caso" pretenden vulnerar los principios de explotación. "Esa no es nuestra lucha", señala.

La Plataforma ha iniciado una recogida de firmas a través de internet y en distintos puntos del archipiélago. En Tenerife estuvieron el pasado sábado donde recogieron unas 1.500 firmas y la campaña continuará el día 22 en Gran Canaria y el 29 en Fuerteventura.