Velar por la adecuación a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de los Proyectos y Proposiciones de Ley que se presenten en el Parlamento de Canarias es la principal función del Consejo Consultivo de Canarias. Pese a ello, casi la mitad de los dictámenes que emitió el año pasado este órgano fueron por indemnizaciones por daños, una tendencia que registra desde hace años.
De los 469 dictámenes que este órgano emitió el año pasado, un total de 228 (48,61%) eran de indemnizaciones por daños; 103 (21,96%) por resarcimiento de percances sanitarios; 57 (12,15%) revisiones de oficio; 36 (7,68%) por contratos administrativos y el resto por otros asuntos.
Estos datos dejan al descubierto la pérdida de la principal función de este órgano público, que, siendo el primero de este tipo en crearse en España, ha dirigido su labor hacia la defensa de "los derechos de los ciudadanos en determinados procedimientos administrativos", su tercera función, tal y como explica el propio Consejo Consultivo en su espacio web al explicar cuál es su tarea.
En ese preciso epígrafe se detalla como función secundaria, y anterior a la ya citada, la de "fiscalizar la actuación administrativa".
Cabe destacar que esta tendencia en la labor del Consejo Consultivo no es novedosa, pues la mayor parte de sus dictámenes en los últimos años han versado sobre este tipo de asuntos.
Así, en 2012 el 59,38% de sus resoluciones eran de indemnizaciones por daños; el año anterior fueron el 67,32%; en 2010 un 77,97% y en 2009 un 76,58%.
Ya en este último año citado el presidente de este órgano, Carlos Millán Hernández, denunciaba el "desproporcionado" número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial atendidas y dictaminadas por el Consejo y abogaba por recuperar sus funciones principales. De ahí, que en ese momento, y coincidiendo con la apertura del ejercicio de 2009-2010, solicitara al Parlamento una modificación de la Ley referida a la institución.
Este periódico intentó, sin éxito, hablar con el presidente del Consejo Consultivo para conocer si mantenía en la actualidad este postura.
Y es que esta función principal que ha adquirido esta institución llama la atención a expertos canarios en política, que además de recordar que los dictámenes del Consejo son no vinculantes, empiezan a considerar que el órgano parece que viene a suplir el trabajo del Diputado del Común.