La ley canaria de transparencia y acceso a la información afectará no solo a la Administración autonómica y a los organismos, fundaciones y empresas públicas vinculados a esta, sino también a las universidades e, incluso, a entidades privadas que superen determinado nivel de subvenciones.

Así lo recoge el borrador de la ley, actualmente en fase de anteproyecto, que el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, presentó ayer a los grupos políticos del Parlamento de Canarias.

Según el texto, todas las obligaciones relativas a la publicación de información serán aplicables, "con las adaptaciones que sean precisas", a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones por más de 60.000 euros o cuyos ingresos anuales proceden en al menos un 30% de estas ayudas, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

La información que debe hacerse pública o facilitarse a los ciudadanos que la soliciten se engloba en 18 categorías. Así, el anteproyecto prevé la divulgación de datos sobre el personal de "libre nombramiento" -incluido el de confianza-, las declaraciones anuales de los miembros del Gobierno y los altos cargos y las plantillas de los diferentes departamentos -y del número de liberados sindicales-, así como información "general" acerca de las retribuciones de los cargos, asesores y trabajadores.

El borrador contempla la obligación de publicar información económico-financiera encuadrada en tres apartados: presupuestaria -con datos sobre los presupuestos autonómicos, su ejecución por trimestres y las cuentas de entes y organismos públicos-, de ingresos y gastos y sobre el endeudamiento de la Comunidad.

También habrá de aplicarse la transparencia a las obras públicas y a los contratos, tanto los programados como los ya adjudicados o las licitaciones anuladas.

En cuanto a las corporaciones locales, estarán reguladas por la ley de cabildos que prepara el Ejecutivo. El régimen sancionador estará incluido en un reglamento que desarrollará la ley, mientras que las labores de supervisión estarán encomendadas, en principio, al Diputado del Común.

Cuando las entidades privadas reciban más de 60.000 euros anuales en ayudas públicas o sus ingresos provengan en al menos un 30% de subvenciones, estarán sometidas a la ley.