Primero fue Miguel Guerra, de Nueva Canarias (NC), y esta semana ha sido Larry Álvarez, del PP. Ambos han renunciado, a petición propia, al controvertido seguro de responsabilidad civil aprobado en la última sesión del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria (RTVC), con los votos a favor de los consejeros de Coalición Canaria (CC) y del propio director de ente, Guillermo García.

La decisión de Guerra y Álvarez, a la que, por el momento, no se ha sumado el otro miembro del PP en el Consejo, Joaquín Ucelay, se ampara en el momento escogido por la dirección de RTVC para proponer tal posibilidad.

¿Por qué? Sobre la gestión de García al frente de RTVC han existido y existen muchas dudas, pero, sobre todo, hay un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que pone en entredicho el modo de proceder del director general entre 2008 y 2011.

Por eso, la relación que hacen los críticos con el nuevo seguro es que se suscribe ahora para cubrirse las espaldas ante una posible reclamación derivada de las supuestas irregularidades cometidas y las denuncias presentadas por determinados colectivos ante los tribunales.

"Más allá de que pueda ser un mecanismo habitual en las sociedades mercantiles -la suscripción de un seguro de responsabilidad-, ahora es inoportuno", remarca Miguel Guerra, que ahora es también presidente de turno del Consejo de Administración de RTVC. "Si quiere un seguro -García-, que lo pague con su dinero", enfatiza el consejero de NC, quien se niega a asumir "ni un milímetro" de la gestión de García y CC al frente de Radiotelevisión Canaria.

También el PP ha cuestionado con dureza la medida. La diputada Águeda Montelongo ha centrado sus críticas en la interpretación que hacen de la suscripción del seguro. "¿Se pretenden blindar con dinero de todos los canarios ante posibles consecuencias del informe de la Audiencia de Cuentas?", se ha preguntado la parlamentaria, que, además, ha lamentado el apoyo de los consejeros de CC a las "irregularidades" cometidas por Guillermo García al frente del ente regional.

La suscripción de la mencionada póliza de seguro supondrá un coste de unos 6.400 euros para el erario público, y tiene una cobertura de hasta seis millones de euros.

¿Cómo se llegó hasta él? A la solicitud de ofertas formalizada por RTVC se presentaron cinco empresas, pero solo dos plantearon una propuesta en firme, Chubb y Business Guard D&O-AIG. Las otras tres, AC Europa, Dual Ibérica e Hisco rechazaron esta posibilidad.

La selección de la compañía ganadora corrió a cargo de Manuel Naranjo Correduría de Seguros, S.L., una empresa de Tenerife que desarrolla la actividad en el sector de seguros desde el año 1981.

La empresa tinerfeña eligió a Chubb al considerar que presentaba la mejor oferta, teniendo en cuenta criterios como la retroactividad, el reembolso a la compañía, la cobertura de empleados y el límite o no a la cobertura.

Tras las anunciadas bajas de Guerra y Jorge, se mantienen "asegurados" Marcos Brito, Honorio García Bravo y José Manuel Bermúdez, de CC; Joaquín Ucelay, del PP; y el propio Guillermo García.

Coalición Canaria y PSOE cerrarán el año 2014 con un incumplimiento sonado: la nueva ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC). Nacionalistas y socialistas no han sido capaces de llevar al Parlamento la nueva norma que fijará, entre otros asuntos, la elección del nuevo director general de RTVC. Y no lo han hecho a pesar de que, en varias ocasiones durante los últimos meses, miembros de uno y otro partido anunciaron que el inicio del trámite de la norma iba a ser una realidad inminente. Nada que ver.

Las razones para tal ralentización parecen residir en la voluntad del jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, y de su círculo más cercano, por mantener al actual director, Guillermo García, hasta el final de la Legislatura. Es decir, por defender que con nueva ley o no los actuales dirigentes de RTVC sigan hasta 2015. Y esta decisión no es compartida ni por el PSOE ni por una parte de CC.

Así las cosas, la fecha que barajan ahora nacionalistas y socialistas para llevar la norma al Parlamento es el mes de febrero, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones. Claro que mucho tendrán que darse prisas sus señorías para que el nuevo texto legal esté aprobado antes de que acabe el año. Y ya se sabe que en 2015 hay elecciones.

Acaba el año sin nueva ley para elegir al director