El Gobierno de Canarias no descarta recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación con la asignación de potencia del concurso eólico convocado en el año 2007.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, indicó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "la posibilidad de recurrir está ahí", si bien advirtió de que aún es muy precipitado decir si se va a hacer o no.
Marrero aseguró que el Gobierno está pendiente de un análisis más profundo de sus servicios jurídicos para tener más información sobre la sentencia del TSJC y de sus consecuencias.
"Es recurrible la sentencia, hay que decidir si se hace o no", dijo el portavoz gubernamental, quien destacó que el objetivo del Ejecutivo es que los daños y perjuicios que acarree esta sentencia sean mínimos.
No obstante, Marrero señaló que el Gobierno continuará en su "irrenunciable" apuesta por las energías renovables a pesar de los contratiempos jurídicos.
El Gobierno autonómico defiende que es más barato producir energía eléctrica desde fuentes alternativas, como la eólica, que desde las convencionales.
Por su parte, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo regional, Francisca Luengo, explicó que el Gobierno no se va a precipitar en la toma de decisiones en este asunto, y añadió que se va a estudiar el contenido de la sentencia "con serenidad y plena objetividad".
En esa línea, precisó que la intención del Ejecutivo es doble: "evitar cualquier perjuicio a las arcas públicas y desarrollar las energías renovables en Canarias, que es un objetivo irrenunciable de este Gobierno".
Además, aseveró que se estudiarán todas las opciones para llegar a una solución "viable" que permita cumplir el objetivo de desarrollar y consolidar la energía eólica en Canarias con el fin de "abaratar y fortalecer" los sistemas eléctricos de las Islas.
Nueva Canarias (NC) solicitó ayer la comparecencia de Francisca Luengo en el Parlamento canario para ofrecer explicaciones sobre las consecuencias que tendrá la decisión del TSJC, que, según la formación política, supone un "desastre mayúsculo que echa por tierra todas" las previsiones del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, al tiempo que evidencia el "más absoluto de los fracasos" de los gobiernos de CC y el PP en materia eólica.
El TSJC ha anulado la resolución de 2007 por la que se adjudicaron los nuevos parques eólicos, al estimar que los proyectos se valoraron con unos criterios erróneos que derivaron en resultados contrarios a las bases de la propia convocatoria.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha ordenado al Gobierno de Canarias, de hecho, que retrotraiga el procedimiento al momento previo a la valoración de los proyectos, para que se examinen de nuevo las ofertas de todas la empresas que concurrieron al concurso sin incurrir en los errores ahora detectados.