El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha elevado una consulta al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013, porque cree que una de sus medidas, la reducción del 20% de salario y sueldo a los empleados públicos no fijos, puede vulnerar la Carta Magna.
La Sala de lo Social del TSJC estima que el Gobierno de Canarias pudo infringir el principio de igualdad consagrado en la Constitución al establecer un distinto trato para sus empleados laborales, según fueran fijos, o temporales o fijos por sentencia, un asunto que afecta de lleno al conflicto colectivo planteado contra esa medida.
Sin embargo, el hecho de que el recorte estuviera incluido en una ley -los presupuestos regionales de 2013- le impide enjuiciar si fue o no correcto, por lo que suspende la resolución de ese conflicto colectivo hasta que se pronuncie el Constitucional, el único tribunal en España con capacidad para enmendar las leyes, tanto las emanadas de las Cortes, como las de los Parlamentos autonómicos.
El conflicto colectivo que ha provocado que este asunto llegue al Tribunal Constitucional no lo plantearon los sindicatos, sino que partió del propio Gobierno de Canarias, como respuesta a la avalancha de recursos individuales que los trabajadores estaban presentando en los distintos juzgados de la Comunidad Autónoma.
Con ello, según declararon sus portavoces, el Ejecutivo buscaba evitar que la dispersión de demandas y de juzgados pudiera provocar sentencias contradictorias sobre casos que eran idénticos.
El Gobierno de Canarias tomó esa medida de reducción del 20% de salario y jornada dentro del paquete de recortes del gasto público al que se veía obligado por el plan de reequilibrio financiero de la comunidad autónoma, pero solo la mantuvo de enero a abril.