El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha resaltado hoy en la Comisión de Cabildos del Parlamento canario la “responsabilidad, altura de miras y la alta capacidad para llegar a acuerdos” demostrada por los cabildos, ayuntamientos y la comunidad autónoma a la hora de pactar los nuevos criterios de distribución del Bloque de Financiación Canario.
“Son los periodos de crisis donde las administraciones, como en ningún otro momento, deben poner en valor de forma especial dos principios esenciales: la responsabilidad y el consenso”, ha asegurado el consejero durante su explicación del proyecto de modificación de la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias de 2003 y suspensión de la vigencia del artículo 41 de la Ley de medidas administrativas y fiscales de 2012.
Ante los presidentes de cabildos presentes en el Parlamento, González Ortiz ha resaltado que el diálogo, y no la imposición, ha fructificado en un “ejemplo de la colaboración institucional que, además de necesaria, es la que esperan todos los ciudadanos” para poder salir de la crisis.
“Hemos sido capaces de aunar esfuerzos para lograr acuerdos; un acuerdo global para el reparto de los recursos del REF; un acuerdo con los ayuntamientos para el fondo de cooperación; y un acuerdo con los cabildos en las competencias transferidas”, ha resaltado.
Según establece el proyecto de Ley, se estructura un nuevo criterio más favorable para las corporaciones locales al fijar unos porcentajes únicos de la recaudación, suprimiendo así el sistema vigente desde 2012.
La distribución para el próximo año se eleva al 53% para cabildos y ayuntamientos y al 47% para la comunidad autónoma mientras que para 2015 será del 56% y del 44%, respectivamente. En 2016, finalmente, se alcanzará el 58% y el 42%, porcentajes establecidos en el sistema de reparto tradicional aplicados con anterioridad a 2012.
Un sistema que fue modificado, tal y como ha recordado González Ortiz, ante los recortes contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que obligaron a la comunidad autónoma “a importantes ajustes” y a pedir a las corporaciones locales “un ejercicio de solidaridad”.
El consejero ha resaltado que los cabildos y ayuntamientos, “aparcando los colores políticos de sus distintos gobiernos y guiados por el interés común, aceptaron variar la asignación tradicional de la recaudación de los tributos del REF”, aún sabiendo que iban a ver mermadas sus arcas, con el fin de garantizar el sostenimiento de la educación, la sanidad y las políticas sociales que presta la comunidad autónoma.
Un año después, “gracias al rigor presupuestario de este Gobierno, a pesar de continuar los recortes unilaterales e injustificados del Estado y al deficiente sistema de financiación”, el proyecto de Ley incrementa a las corporaciones locales su participación en la recaudación de los impuestos del REF, permitiéndoles “una mayor estabilidad presupuestaria” y una “planificación a largo plazo con mayor certidumbre y seguridad”.