Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) coincidieron ayer en exigir al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, que devuelva, "sin contrapartidas y sin esperar a las resoluciones judiciales", las retribuciones -y la parte proporcional del horario- que restó entre enero y abril de 2013 a los empleados no fijos de la Administración autonómica.

En el pleno del Parlamento, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió de que ese pacto que ofrece el Gobierno de Canarias se puede perder en los tribunales, por obligar a los empleados que lo acepten a renunciar a su derecho a acudir a los tribunales, puesto que "los derechos se tienen o no se tienen, pero no se negocian".

Según Rodríguez, es dudoso que se pueda pedir que se recupere el tiempo de trabajo cuando no fueron los empleados los que decidieron reducir su jornada, sino el Gobierno el que se lo impuso.

En esta línea, el diputado del PP Emilio Moreno pidió al Gobierno que asuma su error, como establece la primera sentencia que ha habido sobre este contencioso y que la acate, en lugar de seguir adelante con el incidente de nulidad presentado.

El diputado del PP insistió en que continuar por esa vía serviría solo para "no restituir en años lo que corresponde a los empleados públicos afectados".

"Los trabajadores no son los responsables de su desatino", dijo Moreno al consejero, al tiempo que remarcó que Hernández Spínola es el único autor de esta "chapuza" y de esta "discriminación arbitraria" sobre la que alguien debería asumir responsabilidades políticas.

Por el contrario, el consejero explicó que la posición del Gobierno es "lógica y de sentido común" y consiste en la restitución de las retribuciones a cambio de que los cerca de 3.500 empleados afectados renuncien a acudir a los tribunales y recuperen las horas no trabajadas de forma flexible a lo largo de 2014.

Además, rechazó que esto suponga una rectificación, puesto que desde el principio estaba previsto revertir la medida si las condiciones económicas cambiaban. "El clima laboral ya es aceptable" en la Administración autonómica y "la inmensa mayoría de trabajadores reconocen el esfuerzo del Gobierno", sostuvo.

Sobre la exigencia de que los trabajadores renuncien a acudir a los tribunales, Hernández Spínola lo justificó en que "el Gobierno entiende que no hay motivo para mantener el pleito".