El personal de las ocho fundaciones canarias será menor en 13 puestos de trabajo el próximo año, a tenor del borrador de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014. En cambio, el gasto que comportará será unos 300.000 mayor al de este año. Y es que el coste total para el próximo año ascenderá a 20,4 millones de euros, algo que la propuesta presupuestaria califica de "ligera" subida frente a los 20,1 millones de este ejercicio, lo que supone un aumento del 1,5% entre ambos periodos de tiempo.

En parte, el motivo radica en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), que hace un año fue objeto de polémica debido a las encomiendas encargadas a ese organismo mientras se temía la posibilidad de más de 300 despidos en el personal del ente público responsable de la gestión de las políticas activas de empleo: El Servicio Canario de Empleo (SCE). Los representantes de los trabajadores y la oposición denunciaron entonces su desmantelamiento.

En los presupuestos iniciales para este año, Funcatra contemplaba una plantilla compuesta por 53 empleados con un coste estimado en 1.986.061 euros. Para el próximo ejercicio, la previsión del capítulo de personal incluye a 42 trabajadores con un coste de 2.091.390 euros.

El propio borrador de las cuentas explica que Funcatra volverá a recibir en 2014 nuevas encomiendas de proyectos que obligarán a incrementar el gasto del personal eventual vinculado a los mismos.

Pero Funcatra no explica por sí sola la subida del gasto de personal pese a la disminución de la plantilla.

La Fundación Canaria de Investigación y Salud (Funcis), señalan las cuentas, no contemplaba al inicio de 2013 nuevas contrataciones ni prórrogas de contratos en el gasto real de este ejercicio, una contingencia que vincula a la realización de proyectos de investigación.

La otra cara de Funcatra es el SCE. Con un alto cargo, 188 funcionarios pertenecientes a diversas categorías y 231 empleados laborales de cinco grupos, el ente apenas sufrirá los recortes de plantilla que hace cerca de un año parecían inevitables, justo después de la abrupta salida de la anterior responsable autonómica del área de Empleo, Margarita Ramos, que nada más comenzar el año anunció su dimisión.

Si bien la versión oficial es que la insólita decisión se debió a motivos personales, la oposición siempre ha sostenido que, en realidad, la baja de Ramos -cuyo nombramiento entró en el cupo socialista del pacto de gobierno- se debió a la imposibilidad de conseguir más fondos para su departamento.

Para 2013, el gasto en personal del SCE incluía un alto cargo, 200 funcionarios -12 más que los tendrá el próximo ejercicio- y 236 empleados laborales -cinco más de los que está previsto para el próximo año-. En total, una bajada de la plantilla de los 437 trabajadores con los que comenzó este ejercicio a los 420 con los que el Gobierno piensa dotar al ente el próximo año.

En este caso, la aminoración del número de empleados sí encuentra correlación en la cuantía del gasto de nóminas, pues bajará de los 12,3 millones previstos para 2013 a 12 millones en 2014.

La decisión se enmarca en el tantas veces anunciado proceso de reforma del SCE que ha defendido hasta la saciedad la actual consejera del área, Francisca Luengo, quien se comprometió desde su llegada al departamento a defender los puestos de trabajo que los representantes de los trabajadores veían peligrar.

Luengo insistió entonces en la necesidad de "modernizar" el ente con el fin, entre otras cosas, de acercar los servicios que presta al SCE al ciudadano mediante un plan que incluía el reforzamiento de las oficinas para agilizar los trámites, algo que requería de forma necesaria el temido ajuste entre el personal laboral, que sería el primero en tomarse en cuenta para llevar a cabo las movilizaciones internas de la plantilla desde los servicios generales a los centros de atención a los parados.

Según las cuentas, los puestos vacantes pasarán de 80 este año -62 de funcionarios y 18 de laborales- a 97 el próximo año -74 de funcionarios y 23 de laborales-.