La diputada nacional del PP Águeda Fumero indicó ayer que uno de los objetivos de la Ley de Calidad Ambiental que elabora el Gobierno central es simplificar la maraña administrativa y agilizar los procedimientos que permitan una legislación más homogénea en las Comunidades Autónomas.
"Con esta ley auspiciada los expedientes ambientales se resolverán en cuatro meses y no en años, como con la anterior legislación", aseguró. Además, la norma unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación y de impacto ambiental.
Por otro lado, el impulso al desarrollo sostenible permitirá la creación de miles de puestos de trabajo, en torno a unos 80.000, que supondrán un impacto directo en la economía de al menos 1.000 millones de euros.
La nueva ley evita dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental. Otro de los puntos es que garantiza la protección al medio ambiente minimizando los riesgos de los proyectos, planes o programas que se lleven a cabo en el futuro.
El proyecto de ley homogeiniza la normativa a la vez que incrementa la seguridad jurídica con una legislación más transparente intentando reducir la burocracia de las distintas administraciones públicas.