Cuando se piensa en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) se asocia de inmediato en sus dos aspectos más obvios: la ampliación de competencias y el siempre polémico sistema electoral, pero lo cierto es que implica mucho más. Consciente de las posibilidades que abriría un instrumento de este tipo de los de "segunda generación" -los que han sido ya ampliados-, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad dirige en el seno del Ejecutivo el proceso para poner en marcha su revisión este mismo año.
Por lo pronto, el Gobierno canario ya anunció que la comunicación que piensa remitir a la Cámara regional a fin de que los grupos debatan su modificación en sede parlamentaria reproducirá el proyecto acordado en 2006, lo que a grandes rasgos implica cinco grandes diferencias con la normativa actual. Para empezar, y en una doble vertiente, si saliera adelante la reforma estatutaria tal y como se planteó entonces se reforzaría el autogobierno, algo que cobra un interés aún mayor que en 2006 ante las críticas del Ejecutivo regional por la "recentralización" del Estado.
En este sentido, el nuevo EAC brindaría la posibilidad de promulgar decretos leyes al Ejecutivo autonómico. Se trata de un instrumento que daría mucha más flexibilidad al Gobierno para sacar adelante las medidas legales que estime oportunas al permitirle darles forma y validez sin pasar por el trámite parlamentario ordinario, sino que bastaría con presentarlos a la Cámara en los 15 días siguientes a su publicación.
En concreto, abre la posibilidad de dictar normas con rango de ley "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" o incluso si habiendo enviado ya un proyecto de ley al Parlamento, este se viera obstaculizado "por la aplicación de normar vigentes o por el ejercicio de derechos derivados de estas mientras se produce la tramitación".
Otro cambio que reforzaría el autogobierno regional tiene que ver con la posibilidad de poder disolver el Gobierno de forma anticipada, lo que daría lugar a la convocatoria de elecciones antes de tiempo, que ahora mismo es imposible.
En cuanto a la ampliación de las competencias, la idea es que la comunidad autónoma amplíe el ámbito de sus decisiones sin tener que contar con el Gobierno central. Incluye aspectos como la gestion directa de los puertos y aeropuertos, el transporte aéreo intersular, las zonas costeras de las Islas, la prestación de los servicios dependientes de Sanidad Exterior, el espacio radioeléctrico y telecomunicaciones y la posibilidad de dictar normas sobre las especialidades económicas y fiscales del Archipiélago.
Uno de los temas más importantes es lo relacionado con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). El borrador de 2006 imponía la necesidad de negociar los cambios en esa norma a través de la Comisión Bilateral sin dejar que el Congreso pueda actuar por su cuenta.
Acerca del siempre polémico sistema electoral, el nuevo EAC abre la puerta a cambios de criterios que deberá desarrollar la ley en la materia -como la posibilidad de establecer una lista electoral regional o rebajar a la mitad los topes electorales del 30% insular al 15% o del 6% autonómico al 3%-. Lo que sí contempla de forma directa el proyecto del nuevo Estatuto es el reforzamiento de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar ese texto legislativo, al pasar de los dos tercios de ahora a tres quintos.
Además, la modificación del EAC incluye el reconocimiento de las aguas canarias, las incluidas en el perímetro de la línea formada por los puntos más alejados de las Islas.