El Gobierno de Canarias interpondrá sendos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas, aprobada por el Ejecutivo español, y contra la norma por la que este fijó la imposición de tasas para los usuarios de la Administración de Justicia.
Así se acordó ayer en el Consejo de Gobierno, después del cual, y en rueda de prensa, se detalló que en relación con la primera de las normas el Ejecutivo canario considera que "existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna" en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.
Uno de ellos constituye "una clara vulneración de la autonomía local" que se establece en el apartado 38 del artículo primero de la norma, que recoge que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección".
El Gobierno canario sostiene, además, que dicha norma "vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por el trato diferenciado que se dispensa a varios núcleos peninsulares, sin la adecuada motivación", al catalogar doce lugares como excepciones en su aplicación.
Respecto a la segunda norma recurrida, el Ejecutivo canario considera que la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, establece unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consideran "lesivas" del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la propia Constitución.