La Audiencia de Cuentas de Canarias confirmó ayer lo que había avanzado hace unos meses en un ya demoledor proyecto de informe: que la gestión de Guillermo García al frente del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) entre 2007 y 2011 -VII Legislatura- estuvo llena de irregularidades.

Sin perjuicio de las correcciones que el órgano auditor realizó tras las alegaciones presentadas por el ente público, la Audiencia corrobora ahora en su informe definitivo que la gestión de la contratación llevada a cabo durante la VII Legislatura por RTVC y sus sociedades -TPC y RPC- no se ajustó, en general, "a criterios de eficacia, eficiencia y economía".

El órgano fiscalizador subraya que las actuaciones realizadas en materia de contratación por el director general "se llevaron a cabo sin contar con un manual de procedimientos y/o circulares internas que pudiesen, en su caso, garantizar y delimitar las funciones a realizar por cada uno de los actores en cada una de las fases de los procedimientos de contratación, garantizando así los principios de objetividad y transparencia".

Confirma la Audiencia de Cuentas que el ente que dirige Guillermo García "no proporcionó" suficiente seguridad respecto a la protección de los activos o recursos del mismo, ni otorgó la necesaria "fiabilidad" a los registros contables relacionados con el inventario audiovisual.

Es más, el órgano auditor incide en que, por cuanto pudieran resultar "indiciarias de alguno de los elementos de la responsabilidad contable", cuya efectiva determinación corresponderá, en su caso, al Tribunal de Cuentas, se señalan como infracciones a la normativa contractual aplicable al sector público la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación del procedimiento utilizado y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia.

Como ejemplo, la Audiencia de Cuentas pone el expediente de contratación, por parte de la Televisión Pública de Canarias (TPC), del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la producción de programas de contenido informativo -el más costoso de cuantos ha firmado TPC, con 150 millones-, un expediente denunciado por varios miembros del Consejo de Administración por presuntas irregularidades cometidas en el procedimiento de adjudicación.

Pero el ente fiscalizador va aún más allá y denuncia, entre otras cuestiones, que si bien RTVC contaba con planes de actividades, no disponía de "documentos, planes ni proyectos que estratégicamente soportaran, a largo plazo, tanto la planificación como la supervisión y el control interno de la gestión de la contratación.

Y también que a pesar de contar con un protocolo de actuación para el estudio de proyectos audiovisuales, "no se ejecutó formalmente durante la gestión de los expedientes de contratos relacionados con los mencionados proyectos".