El director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alejandro Martín, lo tiene claro: la comunidad autónoma sacará partido a todo resquicio que deje la norma que ahora prepara el Estado para permitir la intermediación del mercado laboral a través de empresas privadas -las denominadas agencias de colocación- a fin de acotar al máximo su espacio porque quiere asegurarse de que su actuación no choque con la del organismo.

Martín no se fía del borrador que tiene en la mano de la norma -que debería aprobarse este mes-, por lo que esperará hasta conocer su versión definitiva para decidir hasta dónde restringirá su alcance. Pero sí anuncia desde ya que el SCE especificará "determinadas" condiciones a las agencias para dirigir la actividad a los ámbitos que los servicios públicos no puedan cubrir o que estimen que tienen poca cobertura. Así, confía, su actuación será complementaria.

Y aunque el Gobierno canario desconoce qué planteará el documento final, Martín espera que dará margen suficiente para limitar "en algo" el asunto, como el tipo de desempleado o los sectores que las agencias podrán atender. "Aprovecharemos todo el margen que haya para asegurarnos de que no haya solapamiento con el SCE y evitar el choque con el ámbito público", reitera. Por lo pronto, lo que está claro es que las agencias de colocación no harán servicio de asesoramiento, orientación ni formación: "solo se dedicarán a colocar al desempleado en una oferta de trabajo".

Esos otros servicios quedarán, en principio, reservados al ámbito público, que, en todo caso, podrán apoyarse en entidades sin ánimo de lucro con las que el SCE puede contratar la inserción, pero que no chocaría con la actividad de las agencias porque incluiría también los servicios de orientación e intermediación.

Un aspecto polémico sobre las futuras agencias de colocación es el requisito del tamaño -tendrán que demostrar una facturación, al menos, de un millón de euros anuales-, algo en lo que Martín coincide con CCOO y UGT Canarias.

Lo que el SCE rechaza es que quienes aspiren a convertirse en agencias de colocación -que no necesariamente tendrían que ser Empresas de Trabajo Temporal (ETT), aunque es de lejos el perfil que más se acerca- tengan que acreditar ese volumen de facturación en el campo de la inserción laboral. "Es verdad que restringe las posibilidades casi en exclusiva a las grandes ETT que ya operan en el mercado", admite. El Ejecutivo preferiría "algo más abierto" ya que el coste será el mismo con independencia del tamaño de la empresa. "No entiendo por qué se lo reservan a las grandes: es como preservar un negocio a un determinado nivel de empresas". "Me parece discriminatorio el apoyo a las grandes empresas en exclusiva, y más en un mercado como el canario, donde pueden operar empresas de menor ámbito". Su temor, claro está, es que el requisito del tamaño restringirá las posibilidades de las empresas canarias que aspiren a ser agencias de colocación.

La intermediación del SCE es del 15%

Alejandro Martín es consciente de las críticas vertidas desde el PP sobre la eficacia de la intermediación pública en el mercado laboral. Al respecto, zanja el debate con contundencia: "El SCE

sí sirve". En concreto, aclara, el organismo del Gobierno de Canarias encargado de diseñar y ejecutar las políticas activas de empleo realiza una intermediación del 15%. "Ese el porcentaje de los contratos laborales que en Canarias se realizan a través del servicio público de empleo". Martín defiende que el Ejecutivo autonómico está "más" por apoyar la intermediación pública que por apostar por agentes privados.

Y si el grado de intermediación del SCE no es mayor, se defiende, es debido a la "escasez" de ofertas que llegan al organismo de la Administración regional.

"En la cultura empresarial se impone la búsqueda por anuncios de prensa, el boca a boca o escoger entre los currículos que la gente deja de forma directa en las empresas, pero rara vez se acude al SCE en busca del perfil adecuado", lamenta Alejandro Martín.

La situación, aclara, se debe a "un tema cultural".

CCOO Canarias

CCOO Canarias critica que las "grandes" ETT serán las únicas empresas que se convertirán en agencias de colocación. Además, teme que la actuación de este tipo de agentes incrementará la precariedad laboral, pues la futura norma no penaliza -ni premia- el tipo de contrato que firmen. Tampoco aprueba que se destinen fondos públicos a esta actividad, que debería ser "pública y gratuita".

UGT Canarias

A UGT Canarias tampoco le gusta la norma que prepara el Estado. "El servicio público del SCE garantizaría itinerarios personalizados, lo que no tendría coste para el empleado, pero las ETT obtendrán un beneficio que saldrá de restar el sueldo del trabajador", lamenta. Como CCOO Canarias, teme que este tipo de servicio privado no garantiza que los contratos no vayan a ser precarios. "Al contrario, precariza el empleo".

El SCE ya dio el sí

Aunque al Gobierno canario no le gusta el borrador de la norma, el mes pasado ya discutió el asunto en el Consejo General de Empleo y votó a favor. ¿Por qué? "Habrá fondos para esta política y no podemos darnos el lujo de quedar excluidos", explica Martín.

El sistema que planifica el Estado bien podría acabar en nada. El Estado, apunta Martín, cambió la Ley de Empleo en febrero y con ella, las normas sobre las agencias de colocación. Se arrojó para sí tanto la competencia de las autorizaciones como las condiciones en que se contratará con ellas.

"Tememos que todo eso sea inconstitucional", aclara Martín, que recuerda que el Constitucional recién anuló una norma estatal de 2003 en material laboral que había sido recurrida por Cataluña, una de las pocas comunidades que no se van a adherir al sistema de las agencias de colocación.