El portavoz de CCOO Canarias, Carmelo Jorge, denunció ayer que el plan que prepara el Gobierno regional en materia de economía sumergida es solo "humo" y que solo busca desviar la atención del hecho de que asfixia la lucha contra el fraude al bajar, de nuevo, los fondos disponibles a tal fin.

Jorge denunció que los recursos para combatir el fraude en Canarias bajan todos los años desde el inicio de la crisis y apuntó que en 2009 había 500.000 euros para la colaboración de los agentes económicos y sociales -confederaciones y sindicatos- que ahora se limitan a 100.000.

Además, el reparto de esos recursos se había hecho siempre entre las dos patronales provinciales -CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)- y los dos principales sindicatos -CCOO y UGT-, pero este año incluirá las federaciones de las confederaciones.

Ese giro se debe, según Carmelo Jorge, a que el Ejecutivo autonómico sigue el dictado de las patronales en esta materia, con lo que se diluyen los fondos que sostienen los gabinetes de economía sumergida que mantienen las organizaciones sindicales.

Tras defender la labor del departamento que tiene CCOO Canarias a ese fin, explicó que la agenda de las patronales incluye destinar la totalidad de los recursos en materia de economía sumergida a labores de sensibilización y concienciación contra esas prácticas, y deja en un segundo plano la persecución y las medidas coercitivas contra quienes las llevan a cabo.

"Sensibilizar está bien, pero el incumplimiento no puede salir gratis porque en ese caso, nadie se sentirá obligado a seguir las normas", criticó Jorge.

El secretario general de la CCE, José Cristóbal García, rechazó las acusaciones de CCOO y aseguró desconocer el reparto de fondos que denunció Jorge, mientras que la directora general de Trabajo del Gobierno autonómico, Gloria Gutiérrez, desmintió que vaya a producirse en esos términos. "He ordenado mantener la distribución entre los cuatro agentes de siempre", zanjó.

García apuntó que las patronales -como los propios sindicatos- también presentaron alegaciones al plan del Gobierno porque consideran que se "excede" en algunas de las actuaciones propuestas y ratificó la importancia de sensibilizar como paso previo a la coerción.

"Claro que hay actuar, pero hay que ir con cuidado porque dentro del fenómeno existen distintos niveles", advirtió García en relación a las medidas punitivas previstas en el borrador del Ejecutivo. Además, cree que si la Administración agiliza los trámites que deben enfrentar emprendedores y pequeños empresarios "se evitaría parte del fraude".

Gutiérrez está de acuerdo en la necesidad de aplicar con proporcionalidad las sanciones previstas para los infractores -"no es lo mismo un gran hotel que una peluquería del barrio"-, pero defiende la concienciación contra las prácticas fraudulentas.

En las Islas, estima, hay unos 120.000 empleos sumergidos. El objetivo es que afloren en 2013 el doble de los que lo hicieron en 2012.

Panorama demoledor

La economía sumergida supone en las Islas cerca del 28% del PIB regional, estimó ayer Jorge, que apuntó que en el resto del país alcanza el 18%. El dato nacional, aunque es alto, es menor un 1% en relación al registrado en 2008, pero está lejos de ser una buena noticia porque el descenso se debe a que el tejido empresarial retrocede más rápido de lo que se sumergen las empresas que acuden al fraude para subsistir. En definitiva, supone que la economía española "comienza a desmoronarse" y advierte de que ese tipo de prácticas, en el caso de las personas físicas, son el "paso previo" antes de entrar en la exclusión social, de donde difícilmente saldrán. La solución es destinar más fondos para combatirla, alertó.