El consejero de Educación, José Miguel Pérez, dijo hoy que no hay razón alguna para no llegar a un gran acuerdo por la educación en Canarias pese a las "enormes discrepancias" que pudiera haber, mientras que el PP sostuvo que un pacto no implica "una ley de silencio" y exigió medidas concretas.

José Miguel Pérez, que también es vicepresidente del Ejecutivo regional, además de consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, afirmó en comisión parlamentaria que sería "un lujo" no llegar a un acuerdo en este ámbito, algo que es un objetivo esencial para esta legislatura y que la trasciende, y que el Gobierno no pretende monopolizar ni capitanear.

Por el contrario la diputada del grupo Popular Maribel Oñate señaló que Educación busca un pacto en Canarias mientras promueve el enfrentamiento e intenta levantar a la comunidad educativa en contra del proyecto de ley estatal para la mejora de la calidad educativa.

Advirtió Oñate de que si no se adoptan medidas concretas, ésta puede ser una legislatura perdida en educación y acusó al consejero de presentar en el Parlamento unas bases para un acuerdo social y político que cree un sistema educativo de éxito, que definió como "unas hojas infumables y una ristra de infinitivos" que merecen el cese de quien las ha redactado.

A juicio de Oñate, la Consejería no cuenta con nadie del mundo educativo y lleva una estrategia de "trágala", por lo que encomió al consejero "a que se ponga en faena" ya que las cosas "están tan mal" que merecen un análisis serio, como el hecho de que Canarias tiene la mayor tasa del país de "repetidores" de 15 años.

El PP defiende la escuela pública, añadió la parlamentaria, pero aumentando su calidad y puso como ejemplo que "si no puedo mandar los niños a Londres a estudiar inglés, se trata de poner Londres aquí" en los centros educativos para que sean bilingües.

Agregó que el PP apoya el pacto por la educación pero el consejero debe "bajar a la realidad" con medidas concretas, a lo que José Miguel Pérez respondió que el acuerdo parte del dictamen aprobado por unanimidad por todas las fuerzas parlamentarias y se presentó el 27 de abril al Consejo Escolar de Canarias, con una serie de indicadores que pueden ser modificados según se recabe el apoyo del resto de fuerzas sociales.

Los principales objetivos de esta propuesta son los de reducir el abandono y el absentismo escolar, aumentar el rendimiento educativo y el número de titulados, potenciar la implicación de los padres, disminuir la burocracia en los centros e impulsar la formación profesional y el aprendizaje de idiomas.

La diputada del grupo Socialista Rita Gómez señaló que la educación debe convertirse en un eje prioritario de las políticas públicas y por consiguiente, también de la asignación presupuestaria, pues un acuerdo para mejorar el sistema educativo deben conllevar a su vez un acuerdo por aumentar la financiación.

Marisa Zamora, del grupo Nacionalista Canario, subrayó que se ha llegado a un acuerdo de mínimos en el Parlamento regional sobre esta cuestión que ahora debe pasar a la sociedad y apeló a la necesidad de "aparcar las discrepancias" porque son muchos más los puntos de encuentro que los de desencuentro, y aseguró al consejero que desde la formación nacionalista "va a encontrar todo el apoyo del mundo".

La parlamentaria del grupo Mixto por Nueva Canarias Carmen Hernández llamó a la necesidad de superar el modelo educativo aislado para ir a una visión integral en la que se cuente con las políticas sociales y de creación de empleo, ya que no puede haber educación de calidad en una sociedad con desigualdades.

"Otra pregunta más inquietante es si se dan las condiciones para que el pacto nazca con futuro y no abocado al fracaso", cuestionó Carmen Hernández, quien dijo que sí son favorables a un acuerdo datos como el dictamen elaborado por la correspondiente comisión parlamentaria y la iniciativa legislativa popular por una ley de educación en Canarias, de la que subrayó que debe ser tenida en cuenta.