El presidente electo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, asegura que su principal línea de trabajo para los próximos años al frente de dicho organismo será potenciar la modernización del sistema judicial en el Archipiélago. Navarro considera que hay que paliar el problema de los retrasos en la resolución de casos y, paralelamente, realizar propuestas al Gobierno canario para que afronte la inversión necesaria para cubrir, progresivamente, las necesidades en recursos materiales, humanos y de informatización de los órganos judiciales.
A pesar de la limitación presupuestaria de estos años a nivel estatal y autonómico, Navarro cree que la implantación de la denominada Nueva Oficina Judicial es imparable, porque así lo "estipulan ya las leyes". La racionalización del trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, con la creación de servicios comunes que ayuden a diferentes juzgados, la centralización de sedes o la digitalización de expedientes resultan claves para agilizar el funcionamiento de cada órgano, a su juicio. Y una de las medidas fundamentales, desde su punto de vista, será impulsar los procesos de mediación y arbitraje, no solo en casos de familias, sino también en el aspecto mercantil, para reducir el número de procedimientos judiciales. Indenpendiente de su voluntad de avance, el presidente electo del TSJC reconoce que las mejoras deberán llegar "poco a poco", porque, desde una perspectiva realista, "no hay recursos económicos para afrontar todas las demandas a la vez y a medio plazo". Pero señala que, mientras tanto, hay que "actuar con la mayor eficacia para poder aplicar una justicia rápida". Respecto al nuevo edificio judicial de La Laguna, José Ramón Navarro cree que su entrada en funcionamiento se producirá antes del verano, al menos con una dotación básica. Y, por el momento, reconoce que el futuro Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife seguirá siendo un proyecto durante mucho tiempo, porque con el actual presupuesto del Gobierno autónomo no es factible. El presidente electo del TSJC cree que el planteamiento de reorganizar los partidos judiciales, en principio, le parece un proyecto "sensato", pero el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial deberán tener en cuenta las particularidades del Archipiélago canario y ofrecer un tratamiento diferenciado, pues se trata de un territorio fragmentado y con dificultades para las comunicaciones que no existen en la Península. Señala que, aunque oficialmente se concentren los partidos judiciales, lo ideal sería mantener y aprovechar los edificios y el personal existentes en cada partido actual. Cree que un acierto del Gobierno autónomo en estos años ha sido potenciar la existencia de un grupo de formadores de opositores para que jóvenes canarios se formen en las islas, opten a aprobar las oposiciones y desarrollen su carrera como jueces, fiscales o funcionarios en Canarias. Gracias a ese apoyo, Navarro señala que cada vez hay más jueces y fiscales nacidos o residentes en el Archipiélago que favorecen la estabilidad de las plantillas.