El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Román Rodríguez, consideró necesario que la nueva moratoria turística vaya acompaña de una comunicación del Gobierno regional sobre condiciones y evolución del mercado.
Esta ha sido una de las justificaciones que ha dado Rodríguez en la votación de la enmienda a la totalidad del PP al proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística, y sobre la que NC votó en contra, ya que apuntó que aunque creen que se trata de una de las normas "más importantes" que se tramitarán en esta legislatura por sus implicaciones territoriales y económicas, también hay cuestiones que "inquietan" a su grupo.
Rodríguez explicó, en nota de prensa, que aunque NC comparte la finalidad del texto del Gobierno canario sobre la apuesta por la calidad y la competitividad del sector junto con la inclusión de los incentivos a la renovación, le inquietan cuestiones como que "no viene" acompañada de una comunicación del Ejecutivo regional sobre las condiciones y evolución del mercado turístico, sobre la oferta y la demanda, instrumento informativo "necesario" para poder fijar el próximo crecimiento.
Asimismo, criticó que el proyecto de ley se haya elaborado "sin ningún debate ni participación ciudadana", así como que "no parece adecuado" que el Gobierno canario "no haya hecho un esfuerzo" para presentar una ley turística que aglutinara toda la normativa en la materia.
"La posición de NC es favorable a una regulación del sector turístico", resaltó, para matizar que rechazan los argumentos "desregularizadores" de la enmienda a la totalidad del PP. De todos modos, Rodríguez solicitó a los partidos del Gobierno canario, CC y PSC, que "no retrocedan ni rebajen" los objetivos de la moratoria.
"Somos partidarios de plantear límites al crecimiento de suelo turístico y al de plazas alojativas, pero no se debe clasificar más suelo turístico salvo para las sustituciones o por los planes insulares", apuntilló.
Finalmente, Román Rodríguez puso en duda los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística porque son los ayuntamientos y los cabildos los que "deben poder proponerlos". Asimismo, indicó que "tampoco las dos disposiciones del proyecto de ley son suficientes para legalizar la oferta alojativa irregular", por lo que apuntilló que "no se puede despachar una casuística tan variada, y de la que se desconoce su volumen, con dos disposiciones".