Los exportadores de tomate de la provincia tinerfeña sienten que en las próximas semanas se juegan su supervivencia. El sector mantiene un largo contencioso con el Gobierno central por las cantidades recibidas en 2002 en concepto de subvenciones al transporte. Son alrededor de ocho millones de euros que, si la Justicia no lo remedia, deberán devolver al entender el Estado que los costes del traslado a Europa fueron inflados por los tomateros.

De hecho, ya los están abonando, porque la Administración no ha atendido su solicitud de aplazar el pago hasta que los jueces se pronuncien. La devolución la asume la organización que representa a los exportadores (Aceto), lo que en la práctica supone que los empresarios abonan, incluso, ayudas que ni siquiera recibieron, puesto que se han hecho cargo de las correspondientes a empresas y cooperativas que han desaparecido por el camino.

A los ocho millones de Tenerife -que incluyen los intereses de demora- hay que sumar los 14 que deben pagar los exportadores de Las Palmas, sobre los que ya ha recaído una sentencia desfavorable.

La sensación de los afectados es que en este proceso está en juego el futuro del tomate de exportación en el Archipiélago, un sector que ya hace años que no pasa precisamente por su mejor momento.

Los argumentos de Aceto son claros: no es posible, alegan, que el coste de transportar el producto hasta Rotterdam (Holanda) sea solo superior en 0,0069 euros por kilo al de hacerlo hasta Cádiz -la subvención alcanza el 33% del total, siempre que no supere el derivado del traslado hasta el puerto andaluz-, que es lo que viene a argumentar el Ministerio de Fomento, entidad que les exige el reintegro de las subvenciones.

Para reforzar su demanda, el Estado se remite al informe realizado por una consultora que -y ésta es la clave del asunto, según los tomateros canarios- se basa en el coste del transporte en barcos procedentes de la costa africana -utilizados solo de forma ocasional, principalmente fuera de temporada- y no en el de los buques que contrata el sector en el mercado internacional. Son, por tanto, "costes de oportunidad", más bajos, y no los que marca el libre mercado.

La Delegación del Gobierno en Canarias, basándose en el informe de la consultora, fija el coste máximo para el trayecto entre las Islas y la Península en 11,29 pesetas por kilo, mientras que el de llegar hasta las costas holandesas lo establece en 12,44 euros, una diferencia de 1,15 pesetas o 0,0069 euros, cuando entre ambos puntos hay una distancia superior a mil millas.

Por el momento, los tomateros de la provincia han desembolsado unos 3 millones de euros en los dos últimos años. Esta es la razón, se lamentan, de que algunas empresas y cooperativas hayan desaparecido o presentado concurso de acreedores. Desde 2002, más de la mitad de las empresas han tenido que echar el cierre.

La actuación de los afectados en los tribunales se ha centrado en desmontar el estudio de la consultora: aduce que no fue realizado específicamente para analizar el coste de la exportación de tomate -y así lo admitieron sus autores en el juzgado- y que no tiene en cuenta el carácter perecedero de la fruta, que obliga a contratar barcos frigoríficos y a cubrir el trayecto en solo cuatro días.

La decisión de la Justicia será determinante, advierten los tomateros, para los "miles de puestos de trabajo" vinculados a este cultivo.