Coalición Canaria ha mostrado hoy su oposición a la Ley de Bases de Régimen Local, que pretende aprobar el Gobierno español, porque a su entender "desnaturaliza" el papel de los ayuntamientos.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha afirmado en una nota que su formación política no está de acuerdo con que los ayuntamientos pierdan su principal función, que es el contacto directo con los ciudadanos y ha señalado que ello no quiere decir que no se discuta la necesidad de una reordenación municipal.

Añade que esta reordenación tiene que incidir sobre las competencias y los servicios que se prestan a los ciudadanos y sobre la organización administrativa y estima que la reforma debe asegurar la sostenibilidad financiera, la autonomía local y una mejor atención a los vecinos.

En su opinión, las propuestas que contiene la nueva ley poco tienen que ver con esos objetivos y precisa que la nueva normal mantiene el reparto competencial de siempre sin que, a su juicio, se haya realizado "la tarea de reconsiderar de qué asuntos deben ocuparse los municipios en el siglo XXI".

El texto fue analizado por el Comité Permanente de CC, que cuestionó que se trate de diferente manera a los municipios en función de si superan o no los 20.000 habitantes.

"La diferencia de trato es injustificada; el límite de población, arbitrario; la propuesta es contraria a la autonomía local y, lo más importante, se obvia quizás por desconocimiento el papel fundamental de atención a los vecinos que vienen desempeñando los municipios de menos de 20.000 habitantes de acercar los servicios a quienes residen en esas localidades", señala en la nota Barragán.

El secretario general de CC indica que con la excusa de la sostenibilidad financiera, el Gobierno de España ahonda en la centralización competencial "en una vuelta a la tutela estatal preconstitucional que vulnera las competencias de las comunidades autónomas pero, sobre todo, la autonomía de los municipios como entidades públicas".

José Miguel Barragán explicó que, además, el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta las especificidades de Canarias al limitarse a equiparar la provincia con la isla y la diputación con el cabildo insular.