Los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), y de Tenerife, Ricardo Melchior (CC), han sido hoy muy críticos con el anteproyecto de ley de renovación y modernización turística, pues consideran que es intervencionista con sus competencias.

Estos planteamientos los realizaron durante el debate del anteproyecto en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, en la que el consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, Domingo Berriel, negó que se trate de una norma intervencionista.

Bravo de Laguna reconoció que se trata de una ley muy importante pero da "excesivos" poderes al Gobierno regional, y expresó su oposición a su actual redacción porque aseguró que vulnera los principios liberalizadores, a la vez que consideró "absurdo" mantener una moratoria permanente para que sólo se construyan hoteles de cinco estrellas o gran lujo.

A su juicio, con la actual redacción se deja a los cabildos e incluso a los ayuntamientos sin parte de las competencias con una norma que es más territorial que de turismo, y recordó que el desarrollo turístico es diferente en cada isla.

Ricardo Melchior se mostró "mayoritariamente" de acuerdo con lo expresado por Bravo de Laguna e insistió en que no se puede quitar competencias a los cabildos, y pidió valentía para hacer una norma sencilla, a la vez que criticó que se hable de autorización previa, porque es algo que no entienden los inversores.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), dijo que en el anteproyecto de ley no se habla de propuestas para promover la actividad turística en esa isla.

Casimiro Curbelo (PSOE), presidente del Cabildo de La Gomera, opinó que el Gobierno regional tiene una tentación intervencionista permanente, por lo que reclamó al Ejecutivo generosidad para no recuperar competencias.

El presidente del Cabildo gomero comentó que la ley se centra en las grandes infraestructuras, que no hay en La Gomera, El Hierro y La Palma, para añadir que se han ocupado para el turismo los campos más fértiles para la agricultura.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), consideró que el anteproyecto no es más intervencionista que la legislación actual, y reclamó más participación de las corporaciones insulares.

La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño (CC), manifestó que algunas islas no han llegado a su tope turístico y deben ser las que definan su modelo.

Durante el debate se puso de manifiesto que es preciso legalizar los alojamientos extrahoteleros alegales o ilegales, y los presidentes de los cabildos preguntaron qué se harán con los que queden fueran de la legalización.

El consejero Domingo Berriel pidió que no se confundan los principios de la legislación con la ideología, y añadió que el liberalismo mal entendido ha llevado a la especulación con el suelo, para agregar que sin autorización previa no se puede modular la ocupación del territorio.

El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez, de Nueva Canarias, se mostró de acuerdo en que se apruebe una ley con cierto grado de intervencionismo, y en la que primen los intereses generales sobre los particulares.

Pedro Martín, del grupo Socialista, destacó la necesidad de que cabildos y ayuntamientos tengan más relevancia en el anteproyecto de una ley que todos consideraron necesaria.

El diputado del grupo Nacionalista José Miguel González dijo que el crecimiento hotelero debe ser controlado y negó que se pretenda quitar competencias a las corporaciones.

Miguel Jorge Blanco, diputado del grupo Popular, criticó que con este anteproyecto de ley se pretende ser intervencionista, para oponerse también a que se mantenga la moratoria turística y a la "excesiva apropiación" de competencias por parte del Gobierno regional.