La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, ha llamado hoy a todas las administraciones a buscar una salida a las familias de Ojos de Garza afectadas por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, con independencia de si la obra se hace "a cinco, ocho o diez años".

La delegada ha subrayado que el millar de familias afectadas por ese futuro proyecto mantienen "una postura sensata" y ni siquiera piden que se haga una inversión "ni mañana ni pasado", sino que se les dé "seguridad jurídica" después de escuchar durante una década "promesas incumplidas" por parte de diferentes gobiernos.

En unas declaraciones remitidas por la Delegación, Hernández Bento ha precisado que esa cuestión es diferente de la polémica abierta respecto a los plazos de construcción de la tercera pista (la segunda comercial) del aeropuerto de Gran Canaria, un asunto en el que ella entiende que no ha habido ninguna modificación.

"No renunciamos a la tercera pista, pero se construirá cuando se precise por tráfico", ha argumentado, antes de recordar que todas las administraciones involucradas en este expediente (Gobierno de Canaria, Fomento, AENA y Ayuntamiento de Telde) sabían que la necesidad de esa pista "no era inmediata", sino "a medio plazo".

Y, a su juicio, en un momento como el actual, "complicadísimo desde el punto económico y con muchísimas necesidades, no parece sensato acometer una inversión que ahora mismo no hace falta"

Hernández Bento ha razonado que por ese motivo se intentó buscar una salida a los vecinos afectados por ese proyecto, intentando adelantar las decisiones que se tomen respecto a ellos del proceso general de expropiaciones ligado a las obras de la tercera pista.

Sin embargo, ha explicado, no es una cuestión sencilla, porque justificar una expropiación vinculada a una obra cuya necesidad no es inmediata, genera problemas de índole jurídico.

Hernández Bento ha abogado por seguir trabajando en la búsqueda de una fórmula que satisfaga las peticiones de esas familias y ha confiando en que en esa tarea estén todas las administraciones.

"Los vecinos tienen una posición muy sensata. Saben que la situación económica es complicada, que la inversión a lo mejor ahora no se puede hacer y lo que piden es una salida jurídica. Y yo no voy a dejar de intentar que Fomento lo entienda, que sé que lo entiende", ha añadido.