El comité de empresa de la Consejería regional de Políticas Sociales en Las Palmas ha alertado hoy en un comunicado de las "consecuencias fatales" que originará el recorte de jornada del 20 % aprobada para el personal temporal en la protección de los derechos de menores y dependientes.

Los sindicatos consideran que con esta medida el Gobierno canario "penaliza a menores, personas con discapacidad o diversidad funcional, y personas mayores", cuya atención vaticinan que se verá dificultada por la falta de personal.

Así, plantean que un número considerable de empleados públicos difícilmente podrán valorar y realizar adecuadamente retiradas o reunificaciones de menores a sus familias en situación de riesgo o desamparo para ser acogidos por otras familias o en hogares de protección, una situación que también afectará a la atención educativamente a tiempo completo de menores de 0 a 3 años procedentes de familias multiproblemáticas.

El comité de empresa también avisa de que, previsiblemente, habrán más dificultades o retrasos para responder a demandas de jueces y fiscales de menores, para permanecer el tiempo necesario en comparecencias y audiencias de menores infractores y para tomar correctas decisiones en la ejecución de las medidas judiciales.

Los sindicatos advierten de que "no se podrá atender a tiempo completo a los mayores en sus centros de día" y de que el recorte de jornada afectará a la capacidad de valorar y orientar a un número considerable de ciudadanos con discapacidad y dependencia para que puedan acceder a centros de atención, pensiones no contributivas, o puestos de trabajo protegidos.

Recuerdan que la lista de espera de este departamento es de unos dos años y auguran que la merma de jornada del personal temporal hará que "no se pueda tramitar con prontitud la prestación canaria de inserción".

Por todo ello, los sindicatos piden al Gobierno canario que "revierta su insensibilidad con respecto a las necesidades esenciales, prioritarias, urgentes e inaplazables que tiene que resolver la Consejería de Políticas Sociales".

Para ello, solicitan que se aplique un apartado de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 que prevé que el Consejo de Gobierno "podrá aprobar las medidas necesarias para minorar o dejar sin efecto la reducción de jornada de trabajo y proporcional de retribuciones prevista en esta disposición".

A juicio del comité de empresa de Políticas Sociales en Las Palmas, el ajuste de 14 millones de euros que se ha aprobado para esta Consejería "es innecesario" y puede obtenerse "a través de otras medidas menos gravosas para los ciudadanos, como son la eliminación de asesores de políticos y directivos o la supresión de un número considerable e innecesario de mandos intermedios en las empresas y fundaciones públicas".