Canarias dejará de ir por libre, al menos en lo que se refiere a la política de fomento del comercio exterior. Las necesidades de ajuste de la Administración autonómica han llevado al Ejecutivo a sumarse al proyecto del Estado central de integrar todas las oficinas de las comunidades en la red que ya posee España en diversos países.
Hasta el momento eran siete los territorios que habían aceptado esta medida, todos ellos gobernados por el Partido Popular -Valencia, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Murcia y Cantabria-, mientras que otros, en manos de los nacionalistas o del PSOE se habían resistido.
Rota esta resistencia por parte de Canarias, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y el consejero autonómico de Economía, Javier González Ortiz, firmaron ayer un protocolo de colaboración que integra en la red estatal tres oficinas comerciales en el exterior.
ICEX y zona ZEC
Esta medida había sido puesta sobre la mesa durante la celebración del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que tuvo lugar en febrero.
En concreto, las oficinas canarias se encuentran en Washington (Estados Unidos), Agadir (Marruecos) y Nouakchott (Mauritania) y se suman a otras 61 pertenecientes a las citadas autonomías, cuyo proceso de integración en la red del Estado se producirá de manera casi inmediata, este mismo año, según informó en una nota el Ministerio de Economía y Competitividad.
Por otro lado, el propio secretario de Estado firmó también ayer, en su condición de presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) un convenio con el Consorcio Zona Especial Canaria (ZEC) que el primero sirva a la segunda en materia de atracción de inversiones extranjeras al Archipiélago, según explicó el Ministerio de Economía.
Al término de la reunión, González Ortiz solicitó al Ejecutivo central la "inmediata liberalización generalizada" del tráfico aéreo con origen o destino a los aeropuertos del Archipiélago, lo que se denomina la "quinta libertad". Esta declaración está establecida en el Régimen Económico y Fiscal y está pendiente de materializar".
De esta forma, lo que se pretende es que cualquier aerolínea de un país tercero pueda hacer trasbordo de mercancías y pasajeros sin necesidad de modificar previamente los convenios con cada Estado.