El Consejo de Gobierno ha acordado hoy presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado por el incumplimiento en la financiación del convenio de carreteras en 2012, para el que se había comprometido una financiación de 207 millones de euros de los que sólo se han transferido 68,45 millones.

Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias, justificó este recurso porque el convenio de carreteras, de carácter plurianual, constituye un compromiso firmado y por el que el ejecutivo canario ha procedido a licitar y adjudicar obras que ya están en marcha y cuya financiación peligra.

Además, para 2013 el convenio establece otra aportación de 207 millones de euros que, según el proyecto de presupuestos del Estado, se va a quedar en 54 millones.

Ante el claro incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, el Consejo de Gobierno ha dado instrucciones para que sus servicio jurídicos inicien "cuantas acciones sean necesarias".

Según el Gobierno de Canarias, la reducción de los fondos "no se corresponde con una política general de recortes, sino con un trato consciente y plenamente discriminatorio a la comunidad autónoma", ya el proyecto de presupuestos del Estado aumenta las partidas para infraestructuras viarias y ferrocarriles y asume nuevos compromisos, como el AVE a Galicia, "a costa de incumplir obligaciones ya adquiridas".

Se trata de "una elección de prioridades de las inversiones estatales en la que Canarias resulta claramente discriminada", no de un recorte que se explique por una situación económica sobrevenida, de acuerdo con el Gobierno de Canarias.

Entre 2012 y 2013 Canarias dejará de recibir del convenio de carreteras 291 millones de euros, cuando "la naturaleza contractual" del convenio había generado "la confianza legítima" para que se licitasen las obras recogidas en el documento y se suscribiesen los contratos con las empresas constructoras, indicó Marrero.

En caso de que las empresas adjudicatarias recurran por el incumplimiento de los contratos, el Gobierno de Canarias entiende que la responsabilidad es del Estado por no transferir los fondos acordados.

Marrero indicó que el Gobierno de Canarias, a la vista de la situación, ha paralizado nuevas adjudicaciones de obras con cargo al convenio y negocia con las compañías constructoras la ampliación de los plazos para su ejecución.