El jefe de la Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, Pedro Suárez, ha asegurado hoy que los argumentos de la Consejería de Sanidad para cerrar ese servicio carecen de rigor.

La Consejería de Sanidad ha alegado criterios económicos y de falta de calidad asistencial para decidir el cierre de este servicio -el único existente en el archipiélago en su especialidad-, pero la realidad contradice los motivos alegados, ha indicado hoy Suárez durante una rueda de prensa.

La clausura de esta unidad obligará a trasladar a los niños enfermos que necesiten ser operados a centros en la península y el Servicio Canario de Salud deberá asumir el coste de los gastos que se originen, tanto por las intervenciones como por la estancia de los padres fuera de su domicilio.

Suárez ha llamado la atención sobre el hecho de que cuando los padres y los profesionales médicos preguntaron cuánto dinero supondría ese gasto, la Consejería de Sanidad no supo contestar, lo que, a su juicio, desmonta el razonamiento económico o evidencia la improvisación de la medida.

En cuanto a la deficiente calidad asistencial de la unidad, otro de los motivos esgrimidos para su desaparición, su responsable la rebate, ya que los resultados médicos están por encima de los de otras unidades similares españolas y al nivel de la media europea, con una mortalidad del 4 por ciento.

Los profesionales médicos de la unidad han expresado su disposición a abandonar su puesto si por alguna razón se consideraba que ellos eran el problema, pero han insistido en que la unidad no se cierre por cómo afectará la decisión a la salud de los niños nacidos con cardiopatías congénitas.

Las posibilidades de supervivencia de los niños en situación crítica que deban ser trasladados en lugar de operados en Canarias de forma inmediata se reducen considerablemente, ha advertido Suárez, quien ha lamentado que se tomen decisiones políticas sobre la salud de este tipo que harán que se repitan situaciones dramáticas ya vividas con anterioridad en las islas.

En cuanto al escaso número de pacientes que se tratan en la unidad, su jefe ha dicho que, de acuerdo a ese criterio, habría que cerrar otras similares de la península u otros servicios médicos en Canarias.

Existe la posibilidad de ampliar el número de pacientes, ya que actualmente la patología cardíaca de adolescentes no se opera en Canarias, ya que los chicos enfermos son trasladados fuera para ello al no incluirse ni en las unidades infantiles ni en las de adultos.

Suárez ha destacado también que la unidad infantil de Canarias atiende a niños procedentes de Senegal, Cabo Verde y de otros países que ahora se quedarán sin atención médica y ha insistido en la necesidad de ser solidarios con África.

En Canarias nacen anualmente unos 7.000 niños, de los cuales, 140 son pacientes cardiópatas y cien necesitan cirugía cardíaca, por lo que el cierre de la unidad de Cardiología Pediátrica afectará a un número importante tanto de menores como de familias.

Suárez ha lamentado que el Gobierno de Canarias ni siquiera considere las alternativas planteadas por los médicos y los padres de los niños afectados y ha insistido en la necesidad de que la Consejería de Sanidad reconsidere su decisión.

El cierre de esa unidad médica deja también en el aire un proyecto de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya en marcha que supondrá la pérdida de fondos europeos, ha asegurado la vicerrectora de la universidad Rosario Berriel.