El Gobierno canario estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley por el que se suprimen las ayudas para las nuevas instalaciones de energía renovable.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha explicado hoy en rueda de prensa la reunión del Consejo, que este recurso se presentará ante la negativa de la Administración del Estado de atender la solicitud del Ejecutivo canario de que se aprobara un marco singular para las islas en un plazo máximo de 6 meses.

El Gobierno de Canarias entiende que el Archipiélago cuenta con singularidades en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional.

Según el Gobierno de Canarias, tras la aprobación del Real Decreto Ley que suspende las primas a las renovables, el Gobierno canario ha defendido en la comisión bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, que preside el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que en las islas no se logra el objetivo de reducir el déficit tarifario suprimiendo las primas a las renovables, sino todo lo contrario.

Añade el Gobierno canario que en esta comisión bilateral, se reconoció en un primer momento por parte de los representantes ministeriales que Canarias debe contar con un marco diferenciado y se solicitó una propuesta formal.

Una nota del Ejecutivo indica que se acordó constituir una subcomisión que elaborase medidas normativas, cuyo objetivo es abaratar los costes y asegurar la viabilidad económica de las energías renovables y tomar como base la potencia y tarifa de un anterior decreto que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Añade que ante la negativa por parte de la Administración Central de aceptar los planteamientos del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo regional entiende que debe presentar un recurso de inconstitucionalidad que sirva para poner de manifiesto su disconformidad, por motivos jurídicos y competenciales, con la medida aprobada por el Gobierno del Estado.