La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) por una ley canaria de educación registró ayer en el Parlamento regional un recurso de queja contra la decisión de la Cámara de rechazar la tramitación de este proyecto. Sus componentes advirtieron de que, de no prosperar el recurso, acudirán al Tribunal Constitucional para defender su derecho a la participación política.
La plataforma, que recogió más de 36.000 firmas antes de ver cómo el Parlamento frenaba la ILP por suponer un aumento de los créditos presupuestarios, han fundamentado su recurso, precisamente, en que esta decisión ha vulnerado su derecho a la participación, según declaró Pablo Santana, uno de sus portavoces.
Sus miembros entienden que el informe que el Parlamento pidió al Gobierno "no era preceptivo" y que, sin él, la ILP habría sido admitida. Creen, igualmente, que el argumento de que una ley educativa implicaría un incremento presupuestario "no se sostiene", puesto que el Ejecutivo "tiene herramientas" para que la norma no repercuta en el presupuesto global de la Comunidad Autónoma.